Cada vez que recibo dicha revista, invariablemente, me pongo de muy mal humor: considero que es un derroche incalificable, una plataforma (cara) de autopropaganda y autocomplacencia y una tomadura de pelo de mucho cuidado. Esta vez no he podido resistir la tentación de explicarme, y para ello, nada mejor que analizar el contenido del nº 7 del año 2.009 con cierto detalle; y aclaro, para ti lector, que si bien no soy ni mucho menos un experto en lo que se ha dado en llamar T.I.C., administración electrónica, nuevas tecnologías y demás términos al uso, no se puede decir que sea un profano. En realidad, me limito a traducir a términos inteligibles el contenido de dicha publicación, despojándolo de polvo y paja; y hecho lo cual, bien poco queda. Al grano.
Comienza el número con un editorial, redactado por el Presidente del C.G.P.J., en el que destaca que la finalidad de la revista es dar a conocer "[...] las novedades que se produzcan en la esfera de la informática judicial[...] como cauce de información y de divulgación, a través del cual los profesionales que trabajan en los tribunales y en las oficinas judiciales (y me pregunto si yo trabajo en un sitio, o en otro, o en ambos) puedan tener noticia de las actividades desarrolladas desde el Consejo General del Poder Judicial así como de las principales novedades en el campo de las tecnologías de la información, y de las que se produzcan en el campo de la legislación". Después de releer el art. 230 de la L.O.P.J. deduzco que nos encontramos ante otra de esas materias en las que el C.G.P.J. quiere ser más importante de lo que es realmente: me gustaría muchísimo más saber qué piensa hacer sobre todas estas cuestiones el Ministerio de Justicia o, incluso, las C.C.A.A.; al fin y al cabo, son los que deciden sobre las tecnologías a usar, sobre los programas informáticos, sobre si existirá o no coordinación o interconexión entre ellos. El C.G.P.J., mediante el test de compatibilidad, se limita en realidad a dar una especie de visto bueno y, por lo visto hasta la fecha, con bastante manga ancha, coloquialmente hablando; y, por lo demás, mucho hay que barrer en dicha casa como para preocuparse de las ajenas. No obstante, y siguiendo invetarada costumbre, ha tenido a bien obsequiarnos con una mal llamada Hoja de ruta para la modernización de la justicia y con un Plan de modernización de la justicia en los que, quien casi nada tiene que decir al respecto, fija los caminos a quienes los han de andar. Insisto: del C.G.P.J se podría decir que ha padecido todos los vicios de naturaleza humana, aparte de los que allí se hayan podido inventar; por menos que eso en las Partidas se condenaba a "refazer de cabo". No creo que esté para sanear gusaneras cuando tantas ha tenido (y me temo que tiene) en su propia casa.
Por último sobre esta cuestión, quien busque la edifición de la revista, que tenga tila a mano: no deja de ser irónico que una revista sobre nuevas tecnologías no exista, según Google, en la web. Quizás es mejor así.
Pasamos ahora a un par de páginas (8 Y 9) que tienen por objeto informar a los lectores de que en el Punto Neutro Judicial (que tampoco existe según Google, ¡qué cosas!) hay un nuevo servicio de consulta a los índices de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Recuerdo que hace mucho tiempo recibí una comunicación sobre dicha materia; se trata del tipo de cosas que necesitarían, para ser realmente aprovechadas, una nueva forma de organización del trabajo en nuestros sufridos juzgados. La esperamos desde el año 2.003...y seguimos esperando. Lo que sí he visto, en cambio, son cinco Ministros de Justicia: parece que las cosas nunca cambian, pero las personas sí; recuerdo un funcionario de un ministerio que decía que en realidad, los altos cargos del mismo sólo eran meros interinos. Por lo demás, como la revista se recibe en los tribunales, sólo nos dicen lo que ya antes se nos dijo.
Siguen (págs. 10 a 13) unas estadísticas de datos sobre el uso de la extranet de los (el artículo se omite en el titular) jueces, para demostrar que los mismos hacen cada vez más uso de la misma. El asunto tiene su deje de sorna: el servidor de correo (y la misma web incluso) no estaban disponibles de vez en cuando por saturación; y la utilización hecha ha servido para coordinar la primera huelga de jueces de nuestro país. Seguro que no faltó quien pensó que se habían dado armas que fueron usadas contra quien las proporcionó...Podría releerse algo sobre los romanos y las rebeliones de los esclavos (no es mala película Espartaco, de Kubrick).
Fascinante es el apartado (págs. 14 a 37) sobre los efectos previsibles de la crisis económica en la carga de trabajo de los órganos judiciales. Que nos cuenten lo que padecemos no suele aliviar, pero por lo menos se puede observar lo generalizado de la situación. Las cifras asustan, espantan: juicios cambiarios en 2.005: 27.655; se esperan 158.916 para 2.010 y no es el único caso, pues basta con pensar en las ejecuciones hipotecarias, que se triplican, los concursos se salen del gráfico.... Llaman poderosamente la atención los silencios: los Juzgados Penales no son siquiera mencionados; signo inequívoco de que mejor no menear el lodo para no enturbiar aguas ya más bien fétidas. Quedo, pues, a la espera del nuevo lote de conductas que se van a considerar punibles (notorio es que el principio de intervención mínima y la consideración del Derecho Penal como última ratio son nimios detalles a obviar) y, ¡oh milagro! con "coste cero" (perdón por el barbarismo): los mismos juzgados van a conocer de más asuntos y al mismo y módico precio; ha pasado tantas veces que no hay razón alguna para suponer que no vaya a ser así de nuevo.
Esto es una tomadura de pelo: ¿alguien se imagina un directivo de una empresa que prevea incrementos de la demanda del, digamos, 50 al 300% y que después de exponer eso no diga absolutamente nada más? Pues ya podría ir haciendo cola en el I.N.E.M. como no explique cómo va a organizar la empresa para responder adecuadamente a los incrementos de la demanda de modo que no haya carestía del producto. Claro, que como la Justicia es un monopolio, no tenemos problemas con empresas de la competencia que nos puedan quitar mercados. Pero no es serio; es algo así como: "De acuerdo, tiene usted mucha fiebre y a va a subir cualquiera sabe hasta donde". ¿Y las medicinas? -pregunta el incauto enfermo-. Pues, vaya haciendo testamento ".
Siguiente sección: artículos técnicos (págs. 38 a 43). Se trata de una presentación de un Sistema de Gestión Gubernativa para las Salas de Gobierno, desarrollado por una empresa privada (que de paso consigue una buena publicidad informativa en la revista). Por supuesto, como en cualquier presentación, todo es maravilloso y repleto de diagramas y siglas crípticas que alejan a los no iniciados; no faltan tampoco las habituales incorreciones gramaticales y ortográficas y los barbarismos (de los que me llama la atención, por ser novedoso, la "ingesta" de documentos, afortunadamente con comillas). Pese a todo, detecto alguna basura debajo de la alfombra: en el fondo no es sino otra aplicación con su habitual nombre de usuario y contraseña. Resulta difícil hacer entender que, a diferencia de una empresa, no hay un "portal del empleado"; o sea; una página web en la que esté toda la información necesaria sobre tareas pendientes, agenda y demás independientemente de los diversos cargos que tenga una misma persona (parecido, en la jerga, al Groupware). No, aquí las cosas son un poco más estrafalarias: hay una aplicación distinta (con su correspondiente dirección web, usuario y contraseña) para cada uno de los cargos que tenga una misma persona, de forma que tiene que acceder sucesivamente a todas y cada una de ellas para realizar su labor. Esto, cuando se intenta explicar a personas del mundo empresarial, da lugar a que crean que les estás tomando el pelo. Lamentablemente, creo que es a nosotros a quienes nos lo toman...Y también me pregunto qué hace el C.G.P.J. diseñando una aplicación de la cual son usuarios los secretarios de gobierno y los secretarios coordinadores provinciales: los segundos no se relacionan con las salas de gobierno y los primeros tienen ese cometido, junto con otros muchos relacionados con el mismo Ministerio de Justicia (del que son órganos) y con las CC.AA. Supongo que siguiendo el proceder habitual tendrán al menos tres aplicaciones, una para cada clase de atribuciones funcionariales. Resumiendo: algo parecido a comprar varios coches para usarlos en función del tipo de viaje que se vaya a hacer (para alegría, eso sí, de los concesionarios).
Sigue luego una presentación del sistema de gestión procesal de Canarias, llamado Atlante (págs. 44 a 49). Nuevamente, todo es maravilloso, la aplicación es magnífica, etc. No la conozco y no puede juzgarse un producto por la propaganda del mismo; sí observo que es más de lo mismo: otra supuesta maravillosa aplicación informática creada, desarrollada, pagada y aplicable a dos provincias de este país, dos, y que no se relaciona con las restantes. Optimizar costes, uniformar la gestión, soluciones escalables y demás jerga al uso en el mundo empresarial, que se diría. No te pierdas la imágen de la pág. 45, con "Start" en lugar de "Inicio"y una abigarrada colección de iconos en la barra de tareas; como para despistar incluso al más pintado.
Sigue luego un artículo doctrinal y pasamos a un panfleto (págs 63 a 66) titulado La administración de justicia en Andalucía, un sistema que mira al Siglo XXI (sic). Más autopropaganda; como trabajo en dicha región me resulta el tema particularmente doloroso. Usamos un sistema de gestión llamado Adriano, del cual un funcionario técnico (que no político) de la Junta de Andalucía me confeso que cada vez que lo veía se sentía retrocediendo a la informática de hace diez años; en realidad, es abandonware (para los no iniciados: peor que obsoleto; sería como tener un ordenador con Windows 95). Pues bien, leo que ahora se va a modernizar (aunque llevo al menos tres años leyendo lo mismo, comprenderán mi sonrisa...), se va a establecer un Sistema de Alertas y Alarmas (sic: ignoro la manía de las mayúsculas y el porqué del odio a las preposiciones - y añado: si se quiere establecer es que no se tiene), a dotar al sistema de un "cuadro de mandos para la gestión de los órganos judiciales" (esto, definitivamente, me supera, y eso que un par de veces me he sentado en la cabina de un avión), la incorporación del expediente digital, etc. En realidad, estoy completamente seguro de haber leído casi lo mismo en la misma revista y para colmo, varias veces: por favor, no me digan lo que van a hacer: ¡Díganmelo cuando lo hayan hecho de una maldita vez!
Encontramos luego (págs. 67 a 74) otro artículo doctrinal, pero que contiene una parte referida a la futura Sede Judicial Virtual (sic) en relación con el actual Punto Neutro Judicial. Tengo para mí que el C.G.P.J. alberga la esperanza de ser, con el tiempo, el intermediario necesario de todas las diversas aplicaciones informática de gestión. Esto, a largo plazo, porque está reconocido públicamente por cargos actuales del Ministerio de Justicia que en algunos años, ni sede virtual, ni expediente electrónico ni nada de lo que existe y está regulado para la Administración General del Estado. Por lo demás, observo que con la manía de ir cogiendo parcelas nullius o derelicta, el C.G.P.J. se ha ido creando (y se creará) cada vez más enemigos, o cuando menos, avisados de sus artes; recordemos hasta donde se llegó con el Reglamento de Aspectos Accesorios y ahora con la regulación soterrada de los libros de registro de los órganos judiciales. Insisto: si se quiere poner orden, conviene dar ejemplo en lo propio; bastaría con darse una vuelta por ciertos Tribunales Superiores de Justicia, pero no a los efectos de comidas, cenas, discursos, copas, abrazos, fotos y dar lugar al ejercicio del mas vil oficio cortesano, adulador y pedigueño. Y también ejercer mejor (o incluso, con relación a algunas, simplemente ejercer) las competencias que ya se tienen en lugar de preocuparse en abarcar más.
Volvamos a la revista: en las págs. 75 a 90 encontramos contenido relativo a lo que se podría considerar una sección de Ayuda o Novedades de una aplicación informática. Se trata de un contenido más propio de la misma, que del papel.
Pues bien, cuando me pregunto: ¿he aprendido algo con esta revista? La respuesta es: casi nada; no es que lo sepa todo o sea un presuntuoso, es que su contenido es en su mayor parte propaganda, no información, estudio o análisis. La siguiente pregunta que me hago es ¿cuanto cuesta?; pues teniendo en cuenta que son casi cien páginas, a color, con buen papel y la edición está cosida, sumando costes de envío y embalaje, pienso que la cantidad tendrá cuatro cifras al menos. La tercera es: ¿a quien sirve o para qué sirve?; pues digamos que es sólo publicidad institucional, algo de lo que ya estamos bastante inundados. Se parte de la hipótesis de que lo importante no es hacer, sino presentar lo que se dice que se va a hacer, o varias veces lo que se ha hecho, o vender como algo nuevo lo que no son sino pequeñas mejoras. Para quien tenga interés y conocimientos de inglés, remito a la web del National Center for State Courts; y como ejercicio mental, a la web Money Claim Online: se trata de un procedimiento, similar a nuestro monitorio, que se tramita íntegramente de forma electrónica. Las preguntas son muy simples: ¿por qué no existe en España? ¿por qué es absolutamente imposible que pueda existir? Ofrecer respuesta a esas dos preguntas y bosquejar las posibles soluciones sí que sería un contenido interesante para la revista de marras y no fuegos de artificio.
Juan Calzado Juliá
Secretario Judicial
