Este pasado viernes se celebró reunión entre el Secretario General de la Administración de Justicia, Manuel Olmedo, y las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia, con el objeto fundamental de hacer un seguimiento de los compromisos adquirido por el Ministerio de Justicia para paralizar la huelga convocada por UPSJ.
En relación con la modificación de los grupos de población, el Secretario General indicó que esta cuestión sigue su trámite. Sin embargo, pese a haberlo solicitado reiteradamente, a las asociaciones se sigue sin facilitarnos la MAIN (memoria de impacto normativo), de la que el Ministerio ya dice disponer, que aclare la tramitación y calendario pendiente. Y lo más importante, se nos sigue sin aclarar si Hacienda ha dado el visto bueno a esta cuestión. UPSJ insistió en la necesidad de que se nos aclare todo lo apuntado y en que se agilicen los trámites pendientes, cualesquiera que estos fuesen. No sería aceptable, de ninguna de las maneras, que concluido el trámite se nos diga que Hacienda no autoriza la modificación.
En relación con la cláusula de enganche, y una vez concluido el periodo de presentación de enmiendas a la Ley de Eficiencia Organizativa (que se publicarán en el BOE en los próximos días), se nos informa que Hacienda ha vetado la misma, como hace de ordinario con las que implican incremento presupuestario. No obstante, gracias al grupo parlamentario de Ciudadanos, nuestra enmienda se ha podido introducir y podrá ser transaccionada durante la tramitación de la ley, habiendo señalado el Secretario General la voluntad ministerial de apoyarla. UPSJ no contempla otro escenario: si el gobierno quiere, la enmienda saldrá adelante; y tiene que querer porque ese es el claro compromiso asumido por Pilar Llop con el Cuerpo de LAJS.
En otro orden de cosas, se indicó que se abonarán en la nómina de noviembre las sustituciones devengadas desde junio, conforme a los planes concretos de actuación, que no haya podido regularizar de oficio el Ministerio, y que deban justificarse a través de la aplicación AINOA, en cuya adaptación a tales efectos se está trabajando.
Igualmente se informó de que en los próximos días se publicará en el BOE el nuevo escalafón actualizado.
Por último, el Secretario General, y de modo contrario a lo que ha venido sosteniendo hasta ahora, manifestó su intención de celebrar las elecciones al Consejo del Secretariado (que va para un año con el mandato caducado) de forma presencial. Resulta difícil entender este cambio sorpresivo de postura de Manuel Olmedo, por lo que UPSJ le pidió que reconsidere profundamente esa cuestión, y mantenga, como hasta ahora, la necesidad de que las elecciones se celebren telemáticamente, en aras de facilitar la participación de las compañeras y compañeros que así lo deseen. El Secretario General no puede sucumbir a las amenazas de impugnación del proceso del CNLAJ, asociación que pretende a toda costa que la participación se mantenga en los escasos porcentajes de las últimas convocatorias.
El sistema presencial dificulta mucho, como todos sabemos, la participación, ya que obliga en algunos casos a muchos compañeros a desplazarse hasta a cientos de kilómetros desde su centro de trabajo a la capital de provincia para ejercer el derecho al voto. Con el modelo de voto telemático, avalado en su última reunión por el Consejo del Secretariado, y para el que se han realizado en los últimos meses pruebas piloto que han garantizado, según el propio Ministerio, la seguridad y el anonimato del proceso, se reforzaría el principio liminar de cualquier sistema democrático: facilitar a los electores su participación en los procesos consultivos.
Siendo todo lo anterior importante, no lo es menos el hecho de que el Ministerio de Justicia haya contratado y pagado a una empresa y un programa informático para celebrar las elecciones de forma telemática, con lo que el gasto está hecho, y este cambio de criterio lo malograría. Sería ello difícil de justificar por un Ministerio que permanentemente se excusa en la insuficiencia presupuestaria, y máxime en estos tiempos recios en los que cada céntimo de dinero público debería ser sagrado.
