A través de la disposición final primera de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, publicada en el BOE el 12/06/2018, se amplía la vacatio de la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil hasta el 30 de junio de 2020.
La prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil fue aprobada el miércoles de la semana pasada en el Pleno del Senado in extremis. La “vacatio legis” ha sido establecida en dos años.
Es la quinta prórroga a esta Ley desde que fuera aprobada en 2011 por el Parlamento, bajo el último gobierno del PSOE, y ha sido posible por el acuerdo de populares, socialistas, Ciudadanos, PNV, PdeCat y la abstención de Podemos. El resultado final de la votación fue de 159 senadores a favor y 97 en contra.
Se ha retrasado su implantación hasta el 30 de junio de 2020. Ha llegado el momento y con dos años por delante hay tiempo suficiente para ello, de reformar con el nuevo gobierno del PSOE al timón y gestador inicial de dicha Ley, de consensuar con el resto de partidos dicho texto y lograr por otra parte, que lo que UPSJ siempre ha defendido, que la multiprorrogada Ley 20/11 del Registro Civil, salga adelante porque nos parece un verdadero avance en la modernización tecnológica a la vez que mantiene su gratuidad y cercanía al ciudadano, que consideramos cualidades esenciales e imprescindibles, eso sí con la matización de que el futuro encargado, sea en exclusiva evidentemente el Letrado de la Administración de Justicia.
Pero será imprescindible para sacarla adelante, el conseguir un consenso amplio entre los partidos, con una transparencia absoluta en la tramitación, con un memoria económica en condiciones ( y con una inversión económica adecuada) y contar para ello con los operadores jurídicos y sociales afectados ( el PP no contó ni con los Jueces y ni en especial con los Letrados de la administración de justicia, a los cuales justamente se designaba como futuros encargados, de ahí su fracaso ); y así no sufrir los desastrosos efectos que la unilateralidad, la improvisación y la poca transparencia del Partido Popular llevó al más absoluto fracaso de sus últimos proyectos de reforma de dicha Ley.
Por ello instamos a todos los partidos políticos, en general y sobre todo al PSOE en particular, para que en esto dos años venideros consensuen de una forma racional, contando con los profesionales afectados, la definitiva Ley de Registro Civil; y que sea lo que todo los ciudadanos esperan, moderna, tecnológicamente avanzada, gratuita y desjudicializada.
Y sobre todo por parte de UPSJ se insiste y consideramos imprescindible que el futuro encargado sea evidentemente el Letrado de la Administración de Justicia, que es el profesional adecuado y más cualificado para ello; y así mismo instamos para que el futuro Registro Civil no sea moneda de cambio en ningún tipo de negociación política.
