EL NOMBRE DE MARRAS: DE SECRETARIOS A LETRADOS

Redacción web — Lunes, 15 junio 2015 20:30:00

Modelo de reclamación de PAGA EXTRA DIC 2012

Redacción web — Martes, 24 marzo 2015 20:10:00

En archivo adjunto PDF, tenéis el "Modelo de reclamación de la Paga Extraordinaria del mes de Diciembre de 2012" devengada antes de la entrada en vigor de la LO 8/12

Modelo de reclamación de LIBRANZA DE GUARDIA

Redacción web — Martes, 24 marzo 2015 19:00:00

Os adjuntamos el "Modelo de reclamación de LIBRANZA DE GUARDIA" en cumplimiento de la directiva comunitaria correspondiente.

LA NEGOCIACIÓN PROFESIONAL PROPIA COMO UNA NECESIDAD URGENTE. NO SE PUEDEN MEZCLAR EN UNA MISMA MESA CHURRAS Y MERINAS

Redacción web — Martes, 24 febrero 2015 16:00:00

Por Juan Marcos Estaran Peix

LA FE PÚBLICA EN LA ERA DIGITAL

Redacción web — Martes, 09 diciembre 2014 12:00:00

Por Isabel Valcarce Codes.

QUÉ QUEDA DE LA FE PUBLICA EN UN MUNDO DIGITAL

Redacción web — Martes, 16 septiembre 2014 16:30:00

Joan Marc Estaran Peix

Secretario SAC Social Barcelona y Social 30 de Barcelona

A raíz de la reformas del procedimiento en el año 2009 y de las nuevas funciones y competencias que se han atribuido al cuerpo de Secretarios Judiciales, cabe preguntarse qué queda de la fe pública tradicional.

Hace unos años la defensa profesional corporativa que se hacia del Secretario Judicial, se basada principalmente en el concepto de la fe pública, sin abarcar más cuestiones. Eso era lo principal y lo demás era secundario. Ni hablar de ampliar horizontes, pues los obstáculos eran desde dentro, y también desde fuera.

Ya se sabe que fe pública tiene unos orígenes medievales y tenía como función fundamental documentar fehacientemente las decisiones, sentencias y en general todos los actos jurídicos del poder público y privado, utilizando el papel, el pergamino y la mano del escribano (que también en esta profesión era considerado una enfermedad profesional de tanto darle al bolígrafo en las actas). Pero es que ahora ni mano, ni pergamino, ni papel, la teclita del ordenador y como mucho el bolígrafo para firmar, allá donde no alcanza la firma digital.

Y es que sobre este concepto básicamente documentalista, y fehaciente de los actos públicos, se construyó toda una doctrina procesalista y corporativista, en que la denominada fe pública fue considerada como un dogma, infalible, indiscutible, y objeto de culto, en muchos congresos y actos de Secretarios Judiciales. Lo importante era dar fe, y lo demás ya se vería. Esto fue así hasta que llegaron los ordenadores, el correo electrónico, y la grabación de vistas. A partir de aquí, la fe de toda la vida, comenzó a hacer aguas, sobretodo en una parte del colectivo, que empezó a pensar, que dado el nivel de exigencia para entrar, lo de ser fedatario se había quedado un poco anticuado, y se estaba cualificado para algo más relacionado con el papel de jurista, que en el papel de amanuense ilustrado.

Y sin embargo había quien lo defendía como la quinta esencia de la profesión y lo defendía con un celo de devoto que era digno de admirar, produciéndose así una situación extraña, en la documentación de los actos judiciales, en una extraña mezcla de parque jurásico y estación espacial. En realidad se veía a una persona togada, que vigilaba una pantalla, de una forma más surrealista que otra cosa, y que daba fe del CD. La sensación principal era que se había opositado para ser un técnico audiovisual, siendo un caso único en el mundo.. Así cuando se sufrió la reforma del 2004, que nos obligó a entrar en Sala, para mantener un deber presencial, a falta de otras funciones más resolutivas y más acordes con la formación exigida, que brindara soluciones más eficaces al monumental retraso en la justicia. Triunfó el viejo concepto de justicia mayestático, que giraba en torno a la figura del juez o presidente del tribunal, pero eso si auxiliado en sala con un técnico audiovisual de lujo .La resistencia a admitir que podíamos hacer algo más que grabar, era enorme, y no sólo por las resistencias de siempre, sino también por alguna parte de nuestro colectivo, que se resistía a cambiar de rumbo profesional, pues estar de figurante les era más cómodo.

Sin embargo a medida que iban avanzando las nuevas tecnologías, y la justicia seguía siendo la menos valorada por el ciudadano, se seguía discutiendo en el seno de nuestra profesión, y de alguna otra más, del sexo de los ángeles, sin buscar soluciones efectivas, y arrimando cada colectivo el ascua a su sardina..

Y así hasta la reforma del 2009, que por fin empezó a poner los cimientos de una justicia más adaptada a la realidad social, dejando para el museo muchas antigüedades judiciales. En lo relativo a esta profesión la ley optó por dar al Secretario Judicial unas funciones más acordes con su preparación, y unas competencias reales y responsables, pero no tuteladas. Lo único que la crisis impidió fue la debida adecuación salarial, sino que más bien le salió barata la reforma al Estado. También caso único en el mundo.

El impulso dado a la creación y implantación de la Oficina Judicial, suponía además, que por fin, se iba apostando en otra dirección, en la que habría menos fe pública de la de siempre, y más Secretario Judicial con perfil más de jurista o de auténtico director de las oficinas judiciales. Se nos concedió por decirlo de alguna manera la mayoría de edad jurídica. Y es que la necesidad social de una justicia más resolutiva hacia necesario abrir otros caminos, y dejar atrás el concepto caciquil de juzgado o tribunal, cuestión esta que en algunos casos aún perdura, e intentan colarnos de nuevo. Las añoranzas del pasado ya se sabe, cuesta mucha quitárselas de la cabeza

Ahora el Secretario no iba a ser sólo el de los testimonios y las actas, ya superadas por la tecnología digital. Ahora iba a ser quien resolverá cuestiones y ejercerá sus funciones con plena autonomía y responsabilidad, pero siempre dentro del marco de la administración de justicia, considerado un servicio publicó de justicia. Esa dicotomía tradicional de Secretario y fe pública, ha dado lugar a otra más moderna de Letrado-Director de Oficina Judicial, con amplias competencias procesales. Incluso con denominación nueva, de letrados/as.

Ahora el futuro es otro, y otros los quebraderos de cabeza, pero con una profesión modernizada y con más sentido, que la precedente. Lo único que dada la exigencias actuales de responsabilidad el sueldo se ha quedado descompensado, y urge pues, una muy debida actualización nuestros sueldos, que no deben ser negociados nada más que por nosotros, sin otras “tutelas” de otro lado oscuro.

Sólo el proyecto de ley actualmente, tiene algunos elementos sospechosos, que pretenden devolvernos en alguna medida a la vieja tutela de las direcciones asistidas, en un retorno al parque jurásico de siempre.

Y más ahora que la fe pública ha dejado de ser la estrella, en reuniones y congresos, incluso en los mas recalcitrantes, y se está dando el paso a debatir otras cuestiones, mucho más actuales y con más contenido jurídico y organizativo, y con más futuro.

La fe pública puede quedar como emblema tradicional del cuerpo en nuestra placa, pues es importante que en los símbolos históricos permanezcan para no olvidar el pasado, pero nada más. Y que nuestros sueldos de una vez por todas se ajusten a nuestras nuevas responsabilidades, y los negociemos nosotros mismos.

Barcelona agosto-septiembre 2014

SOBRE LA NUEVA VENTA DE OFICIOS PÚBLICOS

Redacción web — Lunes, 17 marzo 2014 17:30:00

Joan Marc Estaran Peix

Secretario SAC Social de Barcelona

SOBRE LA NUEVA VENTA DE OFICIOS PÚBLICOS

En estos días acabo de leer las conclusiones de las jornadas de procuradores de Barcelona, donde nuestra compañera Lourdes Escoda, defendió brillantemente el papel del Secretario Judicial en la fase de ejecución, frente a las peticiones de los colectivos de procuradores, que reclamaban asumir esta función publica. Además asistimos a un interesado, no interesante debate, sobre la posible transferencia de ciertos servicios públicos de justicia a manos privadas, con el pretexto de un mejor servicio.

Esta cuestión, guarda un cierto paralelismo histórico con las ventas de oficios y empleos públicos, que la monarquía española, utilizo hasta bien entrado el siglo XIX, como forma de recaudar ingresos y otorgar prebendas a amigos y agradecidos, cuando andaba mal de fondos, que era casi siempre, y como ahora también.

Los gobernantes de la época, más conocidos como los validos, vieron siempre el poder como una forma de actuar con ánimo de lucro y en beneficio propio, considerándolo algo normal.¿A que suena esta música?

El ejemplo histórico mas conocido fue el del Duque de Lerma que acabo haciéndose cardenal para no ser ahorcado, cosa que le ocurrió a su socio y amigo Rodrigo Calderón, que no tuvo tanta suerte.

Pues bien estas practicas comerciales con lo público o del común, parece que continúan, pero con otras denominaciones inspiradas en técnicas comerciales de pomposos nombres adaptados de esta terminología de origen anglosajón y que les dan un aire de venta de productos comerciales, mas que de un servicio publico. Puro marketing que llevado a la gestión publica, confunde prestar un servicio publico, con al venta de coches, por poner un ejemplo. Es la estrategia de liquidar oficios y funciones públicos y cambiarlos por sociedades anónimas, y que no es otra cosa que volver a conceder regalías, a quien se le ha acabado el ladrillo, o, se han visto desfasados por las nuevas tecnologías de la comunicación.

Y lo mas triste de esta historia, es que el reino tiene fieles servidores públicos, a los que ha capacitado para desarrollar esta labores, y a toda una administración profesional, pagada por el erario publico, y que no es ni tenida en cuenta, se la deja con sueldos cada vez mas ridículos, y con las funciones mas desagradable y conflictivas, y por supuesto menos rentables.

De esta manera se crean dos mundos judiciales bien distintos. Los de nuevos concesionarios que ante una justicia rentable podrán obtener sus beneficios y por lo tanto quien la quiera deberá pagarla, y al del resto que estará a cargo de funcionarios públicos, en las llamadas nuevas oficinas judiciales que se encargaran de la justicia no rentable (léase la penal, la social, la del pobre, etc.), es decir, la de bajo coste y obligatoria. Pero eso si un servicio publico con denominaciones curiosas y pomposas, con lenguajes correctos y no sexistas, con observatorios de todo tipo, con mil empleos intermedios, pero a la postre barato y para ir tirando. Y en cambio la justicia privada y concedida a esta nueva nobleza, pues de pago y a sacar buenas rentas

Y adiós a eso que la justicia debe ser un servicio público indelegable y privativo del estado. Verlo para creerlo. ¿O es que acaso nadie se acuerda las criticas a la justicia de arancel de los antiguos Secretarios Judiciales? que fue suprimida en aras de la igualdad y la pureza judicial, y ahora vuelve con otro traje. Pues para esto, antes que se lo den a otros, que nos lo devuelvan al cuerpo de Secretarios, que llevamos cinco años con mas competencias, menos sueldo y llevando el peso de la reforma de la Oficina Judicial.

Barcelona marzo del 2014

fº Joan Marc Estaran Peix

LA TUTELA PÚBLICA DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN EL PRECONCURSO: ANALISIS COMPARATIVO.

Redacción web — Martes, 25 febrero 2014 18:30:00

José Ignacio Atienza López

Secretario Judicial.

LA TUTELA PÚBLICA DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN EL PRECONCURSO: ANALISIS COMPARATIVO.

I.- APROXIMACIÓN A LA PRECONCURSALIDAD.

La situación económica de nuestro país el día 1 de Septiembre de 2.004, fecha de entrada en vigor de nuestra Ley Concursal, era todavía lo suficientemente boyante como para que el Gobierno de la nación pudiera prever y reparase en que esa novedosa norma que tanto había costado sacar adelante, (no quiero ni calcular los años de vigencia de las anteriores normativas sobre quitas, esperas, concursos de acreedores, suspensiones de pagos y quiebras), no iba a ser capaz de gestionar el volumen de insolvencias empresariales que nuestro país iba a tener que soportar diez años después de su entrada en vigor. Me resulta demasiado simple y básico acudir al argumento de que esa incapacidad de la nueva norma para sustanciar las insolvencias, tiene por causa la escasez numérica de Juzgados de lo Mercantil en España; que esta es una causa yo no lo dudo, pero que hay otros motivos diferentes que paso a describir a continuación, es algo que no debe ser obviado.

En mi humilde opinión, con lo que el Gobierno (y por tanto el legislador), no contaba ni fue capaz de representarse es una realidad muy difícil de combatir sólo con medidas normativas. Esa realidad a la que trato de referirme, es la de que, a diferencia de otros países, el empresario español cuando se sabe en estado legal de insolvencia, solo acude al deber legal del concurso voluntario cuando ya apenas le queda masa activa patrimonial, con la que hacer frente a su masa pasiva, y de ahí que las estadísticas judiciales arrojen unos resultados de número de concursos que concluyen en liquidación, comparados con los que finalizan en convenio, que cuando menos cabe calificar de espeluznantes.

Si examinamos la Exposición de Motivos de la ley 38/2011 reformadora de la Ley Concursal (que introduce la homologación judicial para los acuerdos de refinanciación), observaremos que el propio Gobierno paulatinamente empieza a darse cuenta de esa realidad apuntada en el párrafo anterior; leamos detenidamente este texto obrante en el Preámbulo, apartado I, de la citada ley reformadora: “hoy por hoy, la mayor parte de los concursos que se tramitan concluyen con la liquidación de la empresa, el cese de actividades, y el despido de los trabajadores. Realidad que tensiona el sistema legal al que se acude menos y, en su caso, más tarde que en otros países, habida cuenta del estigma que pesa todavía sobre el concurso como consecuencia de una concepción histórica y cultural, y sin que se haya conseguido aumentar el grado da satisfacción de los acreedores ordinarios”. He aquí bastante bien descrita la realidad de que el insolvente ibérico (si se me permite esta coloquialidad), cuando acude al concurso lo hace sin apenas bienes, o incluso afirmando en su solicitud iniciadora del concurso (¿por qué nuestro legislador huye de la expresión “demanda de concurso” y sigue empeñándose en que la palabra “demanda” nunca aparezca en la Ley Concursal?), que no tiene ningún bien en su patrimonio para hacer frente a sus deudas. Es tal el volumen de concursos con inexistencia de bienes desde el inicio, que la ley 38/2011 creó el nuevo artículo 176 bis LC como mecanismo legal que permita sustanciar estos concursos en el menor plazo posible, siendo el exponente extremo de esta figura el bautizado como “concurso express” del apartado 4 del precepto citado, es decir el concurso con una sola resolución que permite declarar al solicitante, insolvente y concluso en su concurso voluntario con un solo pronunciamiento del Juez, sin investigación alguna sobre si es o no verdad que carece de bien alguno.

Por cierto, sigue inexplicado por nuestro legislador, el motivo por el cual la ley 38/2011 decidió cambiar en varios lugares de la ley la anterior expresión “inexistencia de bienes y derechos del concursado” (sin duda expresión clara y significativa de la realidad que describía) por la actualmente vigente de “insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa” (expresión que suaviza esa misma realidad disfrazándola en la medida de lo posible). Tal vez resulte demasiado atentatorio al postulado constitucional de la seguridad jurídica, que la simple afirmación del deudor de que carece de todo tipo de bienes, puede ser bastante para creerle y concluirle directamente su concurso, sin investigación alguna del poder judicial, ante la boquiabierta expresión de sus acreedores.

Es precisa una evolución en la cultura empresarial de los españoles, que lleve a entender que la declaración de concurso de un empresario o empresa, no es un estigma que haya de pesar como una losa sobre el insolvente, y a partir del cual se producirá una huida de sus proveedores y clientes, lo que hundirá definitivamente al deudor ante el temor de sus acreedores a incrementar su crédito respecto del deudor de seguir manteniendo relaciones comerciales con él. Muy al contrario deben adoptarse medidas que hagan entender a tales proveedores y clientes, que cuanto más colaboren con el insolvente, más posibilidades existirán de permitir que el deudor supere esta situación difícil, incrementándose con ello sus opciones de cobrar su crédito. Ahora bien ¿cómo se consigue ese cambio de cultura empresarial en sus acreedores? ¿Cómo se cambia la mentalidad a la empresa para que acuda antes al concurso cuando su masa activa todavía suficiente, le puede permitir mayores opciones de negociación con sus acreedores en el seno del concurso para llegar a convenio? Estas son las grandes cuestiones de fondo que laten en la cuestión, y ya me permito adelantar mi escepticismo acerca de que las medidas normativas vayan a ser las adecuadas para hacer evolucionar esa cultura empresarial. Ahora bien, resulta loable que los gobernantes, lejos del escepticismo inmovilista, traten de legislar para lograr esa difícil evolución de planteamientos, pues el no hacer nada tampoco sirve.

II.- ORIGEN, NATURALEZA E INCOMPATIBILIDAD DE LOS INSTITUTOS PRECONCURSALES.

En el contexto que acabamos de describir, es en el que cabe entender el nacimiento de la fase preconcursal objeto de este trabajo. Hasta Marzo de 2.009, no existió la fase preconcursal en nuestro derecho regulador de la insolvencia, pues la simple presentación de la solicitud (insistimos ¿por qué no demanda?) de concurso voluntario, carecía de efectos concursales ni procesales de naturaleza alguna hasta que el Juez de lo Mercantil, no dictaba el auto del artículo 21 de nuestra LC declarando en insolvencia al deudor.

Actualmente nos encontramos con tres institutos preconcursales: los acuerdos de refinanciación simples o sin intervención judicial alguna, los acuerdos de refinanciación con homologación judicial y los acuerdos extrajudiciales de pago, creados por el legislador en Marzo de 2009, Octubre de 2011 y Septiembre de 2013, respectivamente. La simple observancia de estas fechas, nos confirma que hay una preocupación constante en la política legislativa en esta materia desde 2.009 para tratar de potenciar la preconcursalidad como forma jurídica de poner freno a las cifras de empresas concursadas cuyo concurso termina en liquidación con la destrucción de tejido industrial que ello conlleva, cifras que se han incrementado exponencialmente en el seno de la crisis económica actual. De lo que se trata es de poner en manos de los empresarios insolventes, diferentes y variados instrumentos legales que les permitan llegar a pactos de naturaleza contractual con un determinado porcentaje de su pasivo, de modo que, lo que obtienen de esos acreedores merced al pacto, les permite salir de la insolvencia evitando la solución del concurso de acreedores, consiguiendo de ese modo una oportunidad de reflotar su empresa. Los acreedores que no se adhieran a tal pacto contractual, se verán afectados por él de igual modo (salvo los acreedores con garantía real), pudiendo manifestar su disidencia por la vía de la impugnación al pacto por causas tasadas. De este modo, el diseño del legislador en estos años es el de que acudir al concurso sea la última ratio, cuando ya sea algo inevitable.

Las dos modalidades de acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pago, son dos tipos de instrumentos preconcursales cuyos caminos han de correr absolutamente paralelos, al responder a soluciones y filosofías completamente diferentes. Recientemente, y escuchando una ponencia de la Sra. Pulgar Ezquerra, las calificaba certeramente como soluciones antagónicas; pienso que se queda corta en su calificación como soluciones preconcursales de imposible convivencia, pues ya la LC en su artículo 231.4 nos indica su plena incompatibilidad al ordenar que quien se encuentre negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación, no puede intentar acceder al acuerdo extrajudicial de pagos. La Ley concursal lo dice muy claro: o un camino o el otro, pues ambos no son compatibles.

Hallándonos en este apartado en el análisis de la naturaleza de estas figuras, cabría preguntarse la razón de esta incompatibilidad. En mi opinión esta causa se encuentra en que las dos posibles formas de salir de la insolvencia pasan necesariamente por orientarse como empresario insolvente a favor de una de estas dos filosofías: o intento salir de la insolvencia tratando de convencer a mis acreedores de que me presten nuevas cantidades (lo que la LC llama “nuevos ingresos de tesorería”) en cuyo caso me decantaré por los acuerdos de refinanciación, o la negociación con mis acreedores será para convencerles de que, perdonándome parte de la deuda y/o difiriendo en el pago lo no perdonado, podré pagarles y salir de la insolvencia al deber menos cantidades, pero sin verme forzado a aceptar nuevos importes de ellos, en cuyo caso buscaré el acuerdo extrajudicial de pagos. En definitiva, lo que el legislador está indicando al empresario insolvente que desea por todos los medios evitar el concurso acudiendo a las opciones preconcursales, es que escoja entre pactar para pagar sin refinanciarse con deudas nuevas o pactar para refinanciarse con deudas nuevas y pactos de espera pero sin un plan de pagos forzoso. Creo que esta síntesis que acabo de exponer refleja el espíritu de las dos vías preconcursales y no en vano, en la nueva regulación del Titulo X de la Ley Concursal, la palabra “refinanciación” o alguno de sus derivados no existe, mientras que en el art. 71.6 LC y en la Disp. Adic. 4ª LC, no hallaremos referencia alguna a “plan de pagos”. Ello no es una mera casualidad, pero ello al mismo tiempo explica la incompatibilidad declarada de las dos soluciones preconcursales.

Estimo que en este apartado debe ser desarrollado un somero recordatorio del motivo por el cual existen los acuerdos de refinanciación y los recientes acuerdos extrajudiciales de pago. Éstos últimos, nacen para servir de instrumento que ayude a la evolución de la cultura empresarial que hemos citado, y veamos este texto de la Exposición de Motivos de la Ley 14/2013: “en la situación económica actual, son necesarios tantos cambios en la cultura empresarial como normativo, al objeto de garantizar que el fracaso no cause un empobrecimiento y una frustración tales que inhiban al empresario de comenzar un nuevo proyecto y pase a ser un medio para aprender y progresar”. Es decir los acuerdos extrajudiciales de pago son un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios, similar a los existentes en los países próximos. Yo añado, este mecanismo permite salir de la insolvencia debiendo menos de lo que debo como deudor, pero sin recibir más dinero de mis acreedores.

Pero en cambio, el origen de los acuerdos de refinanciación está en otros motivos directamente vinculados a las acciones de reintegración o rescisión concursales de los arts. 71 a 73 LC. No es ni mucho menos casualidad, que la regulación de los acuerdos de refinanciación nazca del art. 71.6 LC, como vemos dentro de la rescisión concursal. Durante los primeros años de vigencia de nuestra Ley Concursal, son multitud las operaciones de financiación legítimas que fueron rescindidas por nuestros jueces de lo Mercantil, realizadas dos años antes de la declaración de concurso, con el siguiente argumento jurídico: “De ahí que se denote que al constituirse las garantías prendaria e hipotecaria el Banco persiguió asegurarse, cualquiera que fuera la situación que sobreviniera, la percepción de la cantidad que había sido prestada. Y si bien esta es una finalidad calificable inicialmente de legítima, no puede ocultarse que pierde legitimidad cuando se realiza ante un escenario más que probable de insolvencia del deudor, a sabiendas de que el aseguramiento en el cobro de una cantidad irá en detrimento del cobro de otros créditos cuyos titulares carecen de la capacidad de exigir la constitución de garantías” (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid de 21 de Mayo de 2008). Este fundamento ha sido escogido por ser especialmente claro e ilustrativo de la dirección que iban tomando los jueces de lo Mercantil en esta materia, pero hay muchas otras similares.

Y bien, a la vista de que una operación válida de refinanciación podía serle rescindida a la entidad bancaria con este argumento, ¿quién va a refinanciar al empresario insolvente actual o inminente, que quiere evitar llegar al concurso? Nadie. Para ello se crean los acuerdos de refinanciación, es decir instrumentos que nos lanzan el siguiente mensaje: si usted empresario insolvente logra un acuerdo de refinanciación con sus acreedores antes del concurso y lo evita de este modo, si lo consigue con los requisitos marcados por la nueva figura, no podrán ser rescindidos por los jueces, y por ello no deben ya temer las entidades bancarias a la hora de refinanciar a la empresa. Veamos como empieza la redacción del art. 71.6 LC: “No podrán ser objeto de rescisión…”. Concluyendo, el origen de los acuerdos extrajudiciales de pago está en el deseo del legislador de que el deudor tenga un instrumento con el que poder pactar para quitarse parte del lastre de deudas que tiene, pero el origen de los acuerdos de refinanciación nace como instrumento que quite el miedo a los Bancos a refinanciar pues sus operaciones no podrán ser rescindidas. Hoy en día las sentencias de los jueces de lo Mercantil se orientan más bien hacia la tesis de que no puede haber rescisión si hay un sacrificio patrimonial justificado.

III.- LOS ACUERDOS PRECONCURSALES COMO PACTOS PÚBLICOS TUTELADOS.

Que los acuerdos con los acreedores en forma de propuestas de convenio en el seno del concurso abierto son pactos no libres sino plagados de tutela pública de naturaleza judicial o no, es algo aceptado por todos los operadores jurídicos; baste recordar la cantidad de límites sobre lo que se puede o no pactar en el seno de la propuesta de convenio en los arts. 100 y 101 de la norma, y baste también recordar que ningún convenio puede ser aprobado sin una sentencia judicial que lo avale. Esta tutela en sede concursal está plenamente justificada. Pero ¿está justificada en sede preconcursal?

Lo que aquí tratamos de analizar es si en los institutos preconcursales esa libertad a la hora de pactar entre las dos partes, deudor y acreedores, es real o si está llena de límites públicos impuestos por la ley o por terceros con cobertura legal al amparo de la par conditio creditorum. O dicho de otro modo, ¿la par conditio creditorum surte también sus efectos al preconcurso? Recordemos que en todo contrato, (y es un pacto contractual lo acordado en sede preconcursal) rige nuestro art. 1255 CC como principio de autonomía de la voluntad de las partes, pues bien, ¿es real esa libertad en sede preconcursal? ¿Cómo se relacionan lo preconcursal y las limitaciones públicas estipuladas para esa fase?

A la hora de examinar esta cuestión creo que debemos observar esos límites públicos desde el punto de vista de las personas intervinientes y desde la perspectiva de los límites en el contenido del pacto. Antes de desarrollar ambas perspectivas, ya me gustaría anticipar una conclusión que a mi entender, se desprende de las regulaciones publicadas: cada vez que se avanza con nueva normativa y se crean nuevas figuras sobre preconcursalidad, se incrementa la tutela pública de los acuerdos, y tal incremento se traduce en mayores efectos a favor del deudor y contra los acreedores, si el acuerdo sale adelante. Ignoramos si ello favorece o dificultará los acuerdos preconcursales, pero constituye una realidad palpable.

A/ LA TUTELA PÚBLICA DE LAS PERSONAS INTERVINIENTES COMO LÍMITE A LA LIBERTAD DE PACTOS.

Con carácter previo, y antes de entrar a valorar de manera comparativa entre los institutos preconcursales esta cuestión, vaya ya por delante que la tutela pública se ha introducido en la fase procedimental de las comunicaciones preconcursales del art. 5 bis LC pues la reforma que la ley 14/2013 ha operado en los apartados 1, 3 y 4 del precepto, arroja este resultado: en los acuerdos de refinanciación el preaviso preconcursal al Juzgado lo seguirá haciendo el deudor directamente sin intermediarios públicos, pero si se trata de acuerdos extrajudiciales de pago la comunicación preconcursal al Juzgado ya no la hace el deudor que intenta el acuerdo, ni tampoco el mediador concursal que le han designado, sino que la hace un Notario o un Registrador Mercantil (art. 233.3 LC). Resulta cuando menos chocante que el mediador concursal sí deba dar el paso directamente él cuando proceda, de algo tan trascendente como promover el concurso consecutivo ante el Juzgado de lo Mercantil (arts. 236.4, 238.3 y 242.1 LC) y sin embargo no sea él quien comunique al Juzgado la pretensión del deudor de llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos como comunicación preconcursal del art. 5 bis.

Por cierto, y comenzando el turno de vacíos legales inexplicables, a raíz de que el Notario o Registrador Mercantil designan un mediador concursal al que citan para que acepte el cargo, abren en su Notaría o Registro un expediente (es verdad que esta apertura de expediente no se nombra en tales términos en el art. 233, pero sí en el art. 238.2 expresamente se usa la expresión “cierre de expediente”, no pudiéndose cerrar lo que antes no hubiese sido abierto), y sólo se contempla en la norma el cierre del expediente registral o notarial por haber sido aceptado el plan de pagos. Hay una ausencia total de regulación acerca del cierre de esas actuaciones notariales o registrales por la transformación del acuerdo extrajudicial de pagos en concurso consecutivo; ¿cómo conocen el Notario o el Registrador Mercantil que el mediador concursal por él designado se ha visto forzado a promover el concurso consecutivo? No hay respuesta en el Título X.

Acudiendo al objeto de este apartado, el relato necesario de los operadores jurídico públicos que inevitablemente limitan la libertad a la hora de fijar los pactos contractuales entre acreedores y deudor, genera este resultado:

Acuerdos de refinanciación simples o sin homologación judicial. Son los regulados exclusivamente en el art. 71.6 LC y en ellos la tutela del pacto desde este punto de vista de los intervinientes ajenos a las partes del pacto, viene dada por el Registrador Mercantil, el experto independiente informador del acuerdo y el Notario que ha de formalizar en escritura dicho acuerdo. El papel del Registrador Mercantil se ciñe a la designación del experto independiente, habiéndose creado un procedimiento para la designación en el nuevo art. 71 bis llenando el vacío existente en esta materia. Con ello se ha suprimido el “prudente arbitrio” del segundo requisito del art. 71.6, pero no pensemos que éste ha desaparecido por completo pues el apartado 3 del art. 71 bis, permite al Registrador “solicitar varios presupuestos a uno o varios profesionales idóneos y antes de decidirse por el más adecuado”; ¿hay mucha diferencia entre el prudente arbitrio y lo que acabamos de citar? ¿De verdad es algo distinto elegir según su prudente arbitrio y designar al que estime más adecuado? A diferencia de lo que sucede en los acuerdos extrajudiciales de pago a la hora de designar al mediador concursal, en que el Registrador o el Notario escogen de entre una relación oficial de profesionales aprobada por el Ministerio de Justicia y de forma secuencial, aquí el Registrador elige libremente sin lista previa de “profesionales idóneos”. ¿Qué profesionales, y de qué profesiones? ¿Con qué requisitos? No existe respuesta en la LC reformada.

El experto independiente supervisa el acuerdo elaborando un informe favorable (como curiosidad, la reforma de Marzo de 2009 se olvidó del “favorable” de modo que existían dudas de si bastaba con un informe o si éste había de ser favorable, extremo que se subsana en la reforma de Octubre de 2011). Parece que es imprescindible que el experto dé el visto bueno para que se pueda llegar a la fase notarial, pero ¿ha de ser favorable a la totalidad del acuerdo o solo a parte de él? Para salvar la posible responsabilidad del experto de cara al posterior concurso, se introdujo en la reforma de 2011 la posibilidad de que el informe contenga reservas o limitaciones de cualquier clase (final del art. 71.6.2º LC). A la vista de ello, ¿qué parte del acuerdo ha de ser informado favorablemente? Como vemos hay vacíos en la redacción muy importante. Y todo ello se agrava si reparamos en que el acuerdo de refinanciación no es una sola operación o negocio jurídico sino un acuerdo marco integrado por “negocios, actos o pagos…y garantías constituidas en ejecución de tales acuerdos” (art. 71.6 párrafo 1º). Finalmente, y si se logran superar los estadios precitados, llegamos al Notario para la formalización en instrumento público, ¿cuál es el papel del Notario? Tiene facultades para comprobar el cumplimiento de los requisitos del acuerdo que se le aporta, o no; o no puede ejercer control alguno si formalmente cumplen los requisitos, o lo eleva a escritura al venir ya contrastados los requisitos por el informe favorable del experto. Entiendo que son dudas razonables sin respuesta real en la norma lo que genera los vaivenes jurisprudenciales actuales. En estos acuerdos no existe tutela judicial alguna, ni posibilidad de que la hubiese, fuera del control vía incidente concursal de reintegración promovido exclusivamente por la administración judicial al amparo del art. 72 LC, pero ya siempre dentro de un concurso de acreedores, no en fase preconcursal.

El principio de relatividad de los contratos de nuestro art. 1257 CC, que se ve claramente superado en los acuerdos de refinanciación con homologación judicial y en los nuevos acuerdos extrajudiciales de pago, es respetado en estos acuerdos de refinanciación simples de modo que sus contenidos no serán aplicados a los acreedores disidentes o que no votaron el acuerdo. Obsérvese que a diferencia de las dos instituciones preconcursales citadas (apartado 4 de la DA 4ª y art. 239 LC), en estos acuerdos no aparece regulado en la LC ningún incidente para que los disidentes puedan impugnar el acuerdo de refinanciación simple, prueba evidente de que sus contenidos pactados no les son aplicables. Estos acreedores disconformes con el acuerdo aprobado por la mayoría del 60% ó más de pasivo pueden promover el concurso necesario sin duda, pero ¿cómo probarán en la vista del incidente la insolvencia del deudor si acaba de ser refinanciado y por tanto ha dejado de ser insolvente? Difícilmente.

Acuerdos de refinanciación con homologación judicial. Son los regulados por parte del art. 71.6 y la Disposición Adicional 4ª LC. Estos acuerdos nacen con la ley 38/2011 ante el escaso funcionamiento de sus antecesores y como modalidad perfeccionada de ellos, perfeccionamiento que se apoya en la posibilidad de involucrar al Juez de lo Mercantil en su aprobación, y a los acreedores financieros como únicos protagonistas que permitirán su consecución.

Lo citado en los acuerdos de refinanciación previos sin homologación judicial, respecto del papel del Registrador Mercantil a la hora de designar al experto que ha de informar favorablemente y por el proceso del nuevo art. 71 bis LC, así como lo precitado en relación con el Notario autorizante del instrumento público, es perfectamente aplicable a esta segunda modalidad de acuerdos de refinanciación, y a lo anterior me remito. De los tres requisitos del art. 71.6 LC, sólo el segundo y tercero son aplicables a estos acuerdos. La libertad de pactos en estos acuerdos, se ve afectada necesariamente, por el informe que haya de dar el experto independiente, por el Notario autorizante de la escritura, pero sobre todo por el Juzgado de lo Mercantil que ha de decidir sobre la homologación a otorgar, con intervención inicial del Secretario Judicial, y posterior en doble momento del Juez de lo Mercantil, pues además de resolver sobre el otorgamiento de la homologación pedida por el deudor, puede ser que tenga que sustanciar igualmente la impugnación planteada por los acreedores financieros disidentes. Parece ahora más claro que, tras la reforma operada en el apartado 1 de la DA 4ª por la ley 14/2013, no tienen legitimación activa para esta impugnación los acreedores no financieros del deudor.

Como reforma interesante, se ha venido a subsanar por la ley 14/2013 la cuestión de cuándo ha de ser designado el experto independiente, pues con anterioridad el vacío legal impedía saber si había de ser nombrado desde el principio del proceso de negociación encaminado a lograr el acuerdo, o bien durante el desarrollo de las negociaciones pero sin intervenir en ellas, o bien solo al final cuando ya estuviese ultimado el mismo. Incluso no era posible plantearse cuándo era mejor nombrarlo. Creemos que la solicitud de designación del experto independiente “incluso antes de que esté concluido el acuerdo y redactado un plan definitivo” (art. 71 bis.2 LC), puede ayudar y mucho a que los acreedores no firmantes del acuerdo se puedan plantear la adhesión al mismo tras conocer ese informe favorable del experto, pues ese informe del profesional independiente incrementa notoriamente la confianza en el acuerdo al que se adhieren como fruto de la negociación.

Sin embargo, una de las decepciones de calado de la ley 14/2013, sigue siendo la mayor concreción legal del contenido a dar a la expresión “entidades financieras” de la DA 4ª, pues son muchas las voces (especialmente acertada la de la Sra. Pulgar Ezquerra), en el sentido de que bastaba con que se hubiera sustituido la expresión entidades financieras por la de “acreedores financieros”.

Acuerdo extrajudicial de pagos. Son los regulados en el nuevo Título X de la Ley Concursal, arts. 231 a 242. ¿Qué personas intervienen en ellos limitando la libertad de la autonomía de la voluntad del deudor y acreedores?

En los acuerdos de refinanciación, como acabamos de analizar, el deudor pide al Registrador Mercantil que proceda a designarle un experto independiente (art. 71 bis LC); en los acuerdos extrajudiciales de pago, el deudor pide ya no solo al Registrador Mercantil, sino ahora puede ser que al Notario, que procedan a designarle un mediador concursal (art. 232 LC). Como se observa, en la fase de nacimiento de este tipo de instituto preconcursal dependiendo de la naturaleza del deudor habrá éste de acudir a uno o a otro interviniente público para lograr poner en marcha el proceso de acuerdo, o como reza la nueva redacción del nuevo Título X, el expediente. Si el deudor es “empresario o entidad inscribible” tiene que solicitarlo al Registro Mercantil y “en los demás casos” al Notario de su domicilio. ¿A qué notario cuando haya más de uno en el lugar de su domicilio? ¿Al que a él le parezca? Lo ignoramos ante la falta de la más mínima concreción legal.

En esta fase inicial del expediente, tanto el notario como el registrador mercantil no designan al mediador concursal de manera inmediata o automática, sino que previamente han de resolver sobre la admisión a trámite de la petición del deudor, ya que la solicitud se inadmitirá “cuando el deudor no justifique el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos” y cuando “faltare alguno de los documentos exigidos o los presentados fueran incompletos”. Examinemos los vacíos legales de este momento importante: ¿puede impugnarse esta decisión de inadmisión del Notario o del Registro Mercantil? ¿Deben dar los intervinientes públicos citados al deudor plazo para subsanar antes de inadmitir o se inadmite de plano, y entonces el deudor habrá de presentar de nuevo su solicitud de designación de mediador concursal? ¿En su tarea de admisión a trámite, han de valorar el notario o el registrador la concurrencia de los requisitos del art. 190 LC por remisión del art. 231.2.b)? ¿Puede el juez de lo Mercantil cuestionar esta decisión del Notario o Registrador Mercantil, en caso de concurso consecutivo, o pueden cuestionarla los acreedores disidentes ante el mismo juez vía incidente del art. 239 LC? No hay respuesta de momento para ello. Lo que sí es cierto es que en la Exposición de Motivos de la ley 14/2013 se indica que el registrador o el notario “se limitan a designar un profesional idóneo e independiente” y a “asegurar que se cumplan los requisitos de publicación y publicidad registral necesarios para llevar a buen término los fines perseguidos con el arreglo”, y la realidad de la regulación determina que ambos poseen poder de decisión en la admisión a trámite de la solicitud del deudor.

Pero observemos las diferencias de este momento de admisión de la petición del deudor en los diferentes institutos preconcursales; tanto en los acuerdos de refinanciación como en los acuerdos extrajudiciales de pago, hay una petición del deudor, en los primeros para que se le nombre un experto independiente y en los segundos para que se le nombre un mediador concursal; en los primeros la solicitud ha de ir acompañada de unos determinados requisitos previstos en los apartados 1º a 3º del art. 71 bis.2 LC, y en los segundos igualmente la solicitud ha de venir con requisitos cumplimentados detallados en el art. 232.2 LC; la diferencia esencial es que el art. 71 bis LC no contempla expresamente la posibilidad de que el registrador mercantil inadmita a trámite la solicitud en caso de documentación incompleta o no presentada, mientras que el art. 232.3 LC da esa potestad al registrador o notario. ¿Puede el registrador mercantil inadmitir la petición de nombramiento de experto independiente por entender que no cumple los requisitos, sin cobertura legal expresa? Es más, nuestro legislador en el párrafo tercero del art. 233.1 nos dice que “en todo lo no previsto en esta ley en cuanto al mediador concursal, se estará a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes” es decir se estará al art. 71 bis cuya rúbrica es “nombramiento del experto por el registrador”. Resulta sorprendente que la norma que sí contempla trámite de posible inadmisión en el art. 232 LC se remita como norma de aplicación subsidiaria expresa a la norma (art. 71 bis) que no lo contempla. Resulta incomprensible, pero el efecto inmediato es que hoy no sabemos si un registrador mercantil puede inadmitir a trámite la petición de un deudor sobre petición de experto independiente para que informe del acuerdo de refinanciación, por déficits en el cumplimiento de los requisitos que a su solicitud se han de acompañar.

Superada esta fase del primer interviniente público en el acuerdo extrajudicial de pagos, vamos al segundo que no es sino el mediador concursal designado. Su régimen legal hoy se halla en el propio Título X de la ley concursal, en la ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles (a la cual se refiere el art. 233.1 LC), y en el Real Decreto 980/2013 de 13 de Diciembre, que desarrolla determinados aspectos de la ley precitada. Esta novedosa figura ha sido ya objeto de algunos estudios, análisis y ponencias tanto por la doctrina como por reuniones en Junta de los jueces de lo Mercantil, y en todas ellas hay unanimidad en cuanto a que no se trata de una figura fácilmente incardinable ni en la solución autocompositiva ni en la heterocompositiva. No estamos ante una figura que trate simplemente de animar a las partes a que lleguen a una solución, su solución, (autocomposición) ni tampoco es un supuesto de heterocomposición en el cual las partes voluntariamente se someten a la decisión de un tercero (árbitro). Es una figura de difícil clasificación tal y como ha sido regulada en la ley concursal, sobre todo por sus implicaciones si es designado como administrador concursal en el caso de concurso consecutivo (art. 242.2.regla 1ª LC).

Las funciones que en la ley concursal se reservan a este mediador en los acuerdos extrajudiciales de pago, van mucho más allá de una simple mediación: ha de comprobar la existencia y cuantía de los créditos, convoca la reunión de deudor y acreedores, elabora el plan de pagos que ha de contener propuestas de negociación de condiciones de préstamos y créditos, elabora igualmente el plan de viabilidad y el plan de continuación de la actividad profesional o empresarial, ha de solicitar en los casos que corresponda la declaración de concurso consecutivo, y ha de supervisar el cumplimiento del acuerdo. Pero además de todo ello y salvo causa justificada, se convertirá en el administrador concursal en caso de concurso consecutivo.

En una primera aproximación a los principios propios de la mediación en asuntos mercantiles de acuerdo con la ley 5/2012, observamos que el mediador habrá de ser imparcial, neutro y guardar confidencialidad en relación con todo aquello que haya conocido con ocasión de su mediación, y esa confidencialidad les permite no aportar documentación o declarar en un proceso judicial; ¿cómo hacer congeniar ello con las funciones propias del administrador concursal en concurso consecutivo si previamente fue mediador concursal en el intentado acuerdo extrajudicial de pagos? ¿Confiará el deudor en su mediador para proporcionarle información sensible si luego puede o debe usarla el mismo como administrador, por ejemplo de cara a la reintegración concursal? ¿Puede promover la rescisión el administrador concursal de un concurso consecutivo respecto de operaciones en las que él intervino de uno u otro modo? Habrá que esperar a las primeras resoluciones judiciales sobre esta figura para conocer la aplicación que los jueces realizan de esta regulación, pero hoy por hoy hay graves incongruencias en la situación del mediador concursal.

Hecha la aproximación al registrador, notario y mediador concursal, el último interviniente público de estos acuerdos es el propio Juez de lo Mercantil. Resulta chocante que siendo un acuerdo extrajudicial de pagos, sin embargo su inicio haya de ser comunicado al Juez de lo Mercantil, y que su contenido pueda tener que recibir una “homologación judicial” como consecuencia del incidente concursal que puede tener que sustanciarse al amparo de lo regulado en el nuevo art. 239 LC. Incluso yendo más allá, cabe que la sentencia de anulación de ser estimatoria para los acreedores promoventes, pueda generar por el juez el concurso consecutivo (arts. 239.6 y 242.1 párrafo segundo) tutelando por esta vía el juez también esa libertad de pactos supuestamente concurrente en este instituto preconcursal.

B/ LA TUTELA PÚBLICA DEL CONTENIDO DE LOS ACUERDOS PRECONCURSALES

Una vez que hemos analizado en el apartado A de forma comparativa, quienes son los intervinientes públicos que limitan la libertad de pactos en la autonomía de la voluntad de las partes preconcursales, hemos de hacer lo propio con los contenidos legalmente establecidos, teniendo en cuenta que cabría ya comenzar diferenciando entre dos tipos de contenidos con cobertura legal: los de carácter forzoso, dentro de los cuales cobran especial protagonismo las mayorías de pasivo adherido impuestas por la norma unidas a los porcentajes temporales de esperas y quitas; y los de naturaleza voluntaria, pues hallándose en la norma pueden o no las partes del pacto acogerse a ellos. En cualquier, caso estos contenidos a los que deudor y acreedores deben ajustarse, son un fiel reflejo de una tesis que antes ya hemos apuntado: en el acuerdo extrajudicial de pagos no se busca refinanciación o nuevos ingresos de tesorería sino la reducción y dilación de las deudas anteriores (las concursales del concurso de acreedores), mientras que en los acuerdos de refinanciación el deudor busca nuevos ingresos de sus acreedores financieros, no quitas de deuda.

La naturaleza del núcleo esencial de los acuerdos de refinanciación es radicalmente distinta de su homónima en los acuerdos extrajudiciales de pago; los primeros constituyen un pacto contractual integrado por diferentes “negocios, actos y pagos” realizados de cualquier forma “y las garantías constituidas en ejecución de tales acuerdos” siempre “que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo” (art. 71.6 párrafo primero LC), mientras que los segundos resultan ser un solo texto-propuesta (redactado por el mediador concursal con el consentimiento del deudor) que necesariamente deberá integrarse con un plan de pagos que contendrá quitas y esperas sólo para las deudas anteriores a la fecha de la solicitud (y como parte de ese plan de pagos además “necesariamente” propuestas de negociación de las condiciones de los préstamos y créditos), y además un plan de viabilidad para el cumplimiento de las obligaciones posteriores a la solicitud y un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial (art. 236 LC). Resulta especialmente interesante por la síntesis que realiza, esta cita del Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona de 22-02-2013, en el sentido de que solo cabe hablar de acuerdos refinanciadores “ si van acompañados de un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad empresarial o profesional en el corto y medio plazo y cuyos pactos deben suponer a modo de contenido mínimo alternativo, bien la ampliación significativa del crédito disponible (dinero fresco), o bien una reordenación del pasivo del deudor consistente en la modificación de sus obligaciones, ya sea mediante prórroga de su plazo de vencimiento (novación modificativa), o bien mediante el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquellas (novación extintiva).

En los dos institutos preconcursales, hay un plan de viabilidad como elemento común y en ambos el mismo se elabora para pronosticar una expectativa de continuación de la actividad profesional o empresarial, mientras que hay aspectos no comunes en el resto de extremos; así, el acuerdo de refinanciación del art. 71.6 LC no estipula como contenidos preceptivos las quitas y/o esperas mientras que el plan de pagos integrador de los acuerdos extrajudiciales de pago ha de contener quitas y/o esperas (curiosamente el mismo contenido obligatorio que se preceptúa para las propuestas de convenio en sede ya concursal en el art. 100.1 LC). El acuerdo de refinanciación simple del art. 71.6 LC no precisa que deba de haber forzosamente ni siquiera esperas, determinando con ello un ámbito de libertad contractual de autonomía de los pactos superior al acuerdo de refinanciación con homologación judicial de la DA 4ª el cual ha de contener necesariamente esperas. Observemos este interesante Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid de fecha 17-12-2012: “establecida la sujeción del acuerdo de refinanciación a lo dispuesto en el art. 71.6 LC, surge la cuestión de determinar si además lo está a lo dispuesto en la DA 4ª, pues remitiéndose ésta a aquel, se adiciona en la DA 4ª un contenido inexcusable en el acuerdo refinanciador, cual es la espera cuyo efecto se extiende a los disidentes; y ello porque siendo contenido potestativo en el acuerdo de refinanciación del art. 71.6 LC lo es imperativo en la DA 4ª, so pena de autorizar la homologación de un acuerdo que no extenderá ningún efecto a los disidentes”.

La ampliación significativa del crédito disponible o alternativamente la modificación de sus obligaciones es otro de los elementos diferenciadores importante; en los acuerdos de refinanciación (en ambas modalidades) en lo acordado debe existir esta ampliación de crédito o modificación de obligaciones de manera forzosa, extremos éstos que en los acuerdos extrajudiciales de pagos no han de constar sino como propuestas de negociación solo de las condiciones de los préstamos, no de otros extremos obligacionales.

Continuando con estas diferencias, cabe también reparar en el doble modo de pago previsto para los acuerdos extrajudiciales de pago: pago en dinero o pago por cesión de bienes. El art. 236.2 LC contempla esta novedosa posibilidad, que no aparece ni nombrada en la regulación de los acuerdos de refinanciación; ¿es posible en éstos últimos acordar pagos por vía de cesiones de bienes a los acreedores? Recordemos que en el art. 71.6 solo en una ocasión aparece la palabra “pagos” sin concreción alguna como parte del acuerdo refinanciador, y ello unido a que los pagos con bienes supondrían una disminución del activo, elemento esencial en toda negociación, no permiten entender viable esta solución como parte del acuerdo refinanciador.

En cuanto a los acreedores con los que cabe acordar alguna de las instituciones preconcursales, igualmente hay diferencias; mientras que en los acuerdos extrajudiciales de pago solo se diferencia entre los acreedores con créditos dotados de garantía real, acreedores con créditos de derecho público y resto de acreedores, en cambio en los acuerdos de refinanciación la distinción es solo entre acreedores titulares de créditos propiedad de entidades financieras y resto de acreedores. Como vemos, en los acuerdos de la DA 4ª, los exclusivos protagonistas posibles son los acreedores entidades financieras, como únicos que pueden tener capacidad de refinanciar, mientras que en ellos la mayoría de pasivo adherido solo puede ser de entidades de esa naturaleza; tal y como señala el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid de 17-02-2013, “el acuerdo ha de ser celebrado entre el deudor y sus acreedores que ostenten la naturaleza de entidades financieras de tal modo que los efectos de la homologación, aunque participen entidades o personas no calificables de financieras, se extenderán únicamente a dichas entidades financieras participantes”.

Debemos referirnos a los efectos de la “espera” como parte del contenido de los acuerdos preconcursales. En los acuerdos de refinanciación simples sin homologación judicial, las esperas acordadas no afectan a los acreedores no adheridos o disidentes que podrán tratar de hacer efectivos sus créditos en la forma en que jurídicamente estimen adecuada, pues no hay concurso abierto. Estos acreedores carecen de un cauce para impugnar lo acordado en un acuerdo de refinanciación del art. 71.6 LC fuera del concurso, pero tampoco dentro del concurso al haberse restringido la legitimación activa para las acciones de rescisión concursal en el art. 72 LC tras la reforma de 2011 a la administración concursal. Pero la mayor dificultad la tendrán estos acreedores si tratan de instar el concurso necesario pues la prueba de la insolvencia del deudor que se ha refinanciado es casi diabólica. Las esperas sí afectan a los acreedores disidentes o no adheridos en los acuerdos de refinanciación de la Disp. Adic. 4ª tal y como expresamente contempla la misma, superando de forma peligrosa el principio de relatividad de los contratos del art. 1257 CC. Buena prueba de la afectación a los disidentes es la existencia de un cauce impugnatorio en la propia DA 4ª aunque posterior al dictado del propio auto homologador. Estas esperas no están afectadas por límite temporal alguno en su máximo (el Auto de 20/11/2012 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla homologa un acuerdo de refinanciación con una espera de 15 años lo cual es interesante manifestación de la libre autonomía de voluntad de las partes), a diferencia del plazo de suspensión de ejecuciones que sí tiene un tope legal de tres años de forma expresa. Ahora bien, en relación con las esperas en la homologación judicial de acuerdos de la DA 4ª, me interesa destacar determinadas resoluciones judiciales que han ido mucho más allá de la norma haciendo de ella una aplicación mucho más que integradora, en un ejercicio de altruismo hacia la deudora cuando menos sorprendente, con sacrificio de la seguridad jurídica propia de un Estado que al parecer lo es de Derecho:

Observemos la disparidad de estas dos resoluciones. Auto de 05/06/2012 del Juzgado de lo Mercantil 6 de Barcelona: las entidades no firmantes del acuerdo de refinanciación se ven afectadas por los efectos de la espera acordada con exclusión de la emisión de nuevas líneas de financiación de circulante por entender que constituye un sacrificio desproporcionado para las compañías no firmantes. Auto de 11/12/2012 del Juzgado de lo Mercantil 2 de Sevilla: se homologa el acuerdo de refinanciación y considera proporcionada dadas las circunstancias del caso, la concesión de dinero nuevo por las entidades financieras acreedoras, por lo que obliga también a la entidad financiera que no suscribió el acuerdo de refinanciación a aportar también nueva liquidez.

Atendamos ahora a la interpretación infractora de la inaplicabilidad de las esperas a los titulares de créditos de entidades financieras dotados de garantía real: Auto de 10/04/2013 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, “puede entenderse que el plazo de espera no podría extenderse a los acreedores disidentes cuyo crédito esté garantizado con garantía real. Y este mismo principio debería aplicarse al mantenimiento de la paralización de las ejecuciones singulares pendientes. Si el plazo de espera no es extensible a estos acreedores, no debería afectarles tampocosi ya hubieran iniciado una ejecución hipotecaria. Ahora bien y solo para el caso que enjuiciaba este Juzgado, decide contrariamente y resuelve que “la no extensión del plazo de espera y de la suspensión de las ejecuciones en marcha, supondría poner en peligro el futuro de la entidad a cambio de un aplazamiento discreto. Se trataría de aplicar por analogía lo establecido en el art. 56.2 LC que permite la suspensión de las ejecuciones hipotecarias en marcha cuando los bienes están afectos a la actividad del deudor”. Como no podrían ejecutar en concurso, dadas las circunstancias, no tiene sentido permitirles ejecutar en este momento preconcursal cuando la finalidad del acuerdo de refinanciación es precisamente evitar el concurso. En el mismo sentido el Auto de fecha 28/06/2013 del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona.

El problema de las esperas si los préstamos son sindicados: en los créditos sindicados cada Banco prestamista no dispone de la posibilidad de ejecución individual de las garantías reales concedidas globalmente al sindicato financiador, pues al ser garantías colectivas, solo se pueden ejecutar por decisión mayoritaria. En contra de ello otras resoluciones han estimado que ello choca con el blindaje de la DA 4ª, a favor de los créditos con garantía real, pues las garantías reales otorgadas a favor de un crédito sindicado que es parciario y divisible son también garantías individuales parciarias del mismo rango concurrentes por las respectivas cuotas.

Como vemos en esta pequeña antología de resoluciones judiciales, las discrepancias a la hora de aplicar las esperas en las homologaciones de la DA 4º son cuando menos llamativas. En relación con las esperas, si lo proyectamos sobre los acuerdos extrajudiciales de pago, vemos que esa espera o moratoria (como la denomina el art. 236.1 LC), puede existir o no, pero de concurrir no podrá superar los tres años. Es claramente una espera de pago o de cobro para el acreedor, cuyo plazo tope se nos antoja muy corto, lo cual no favorece dicho acuerdo. Es una lástima carecer de resoluciones judiciales vía impugnatoria del art. 239 LC para poder conocer los criterios judiciales en la materia.

Las esperas del acuerdo extrajudicial de pagos afectan por completo a los acreedores disidentes o no adheridos, como expresamente manifiesta el art. 240.2 LC (“por virtud del acuerdo extrajudicial los créditos quedarán aplazados y remitidos conforme a lo pactado”).

Finalmente, y en relación con los contenidos tuteladores del contenido del acuerdo preconcursal, hemos de referirnos a la figura de la suspensión de ejecuciones como consecuencia de la consecución de un acuerdo preconcursal. Pero vaya ya por delante nuestra sorpresa por los términos del art. 235 LC en cuanto supone de paralización de ejecuciones iniciadas o pendientes de iniciar por la sola iniciación del expediente en el acuerdo extrajudicial de pago. Ello genera unas diferencias muy importantes pues la comunicación previa del art. 5 bis LC, si se trata de comunicar las negociaciones para el logro de un acuerdo de refinanciación, no dan lugar a la suspensión de ejecuciones mientras que si se trata de informar del inicio de un expediente para el acuerdo extrajudicial de pago, produce el inmediato efecto citado y desarrollado en el art. 235 LC. Resulta ello un agravio comparativo entre institutos preconcursales de enormes consecuencias, y de un alcance difícil de calcular dado lo novedoso de este efecto. Resulta también sorprendente que en el mismo precepto, y frente a ese efecto favorable al deudor, se adopte una medida tan contradictoria como impedirle efectuar transacciones y pagos vía electrónica aunque expresamente se le diga que puede continuar con su actividad empresarial sin problema alguno. Tiene que devolver sus tarjetas de crédito (por cierto nada dice de las de débito) y abstenerse de pedir cualquier préstamo o crédito. Como paga en los tres meses de duración del expediente, ¿en metálico?, resulta extraña esta medida.

Pero superado el art. 5 bis con lo comentado, la paralización de ejecuciones está vigente expresamente para los acuerdos de refinanciación de la DA 4ª (hasta tres años como máximo) y para los acuerdos extrajudiciales de pago en el art. 240 LC. No lo está para los acuerdos de refinanciación simples del art. 71.6 LC. No obstante, y aludiendo a la convivencia entre las esperas y las paralizaciones de ejecución como efectos de la homologación judicial de la DA 4ª, ésta no es fácil pues la redacción es muy confusa hasta el punto de haber dado lugar en la práctica a este razonamiento judicial: el hecho de que el plazo de espera carezca de límites temporales a diferencia de los 3 años de tope de la suspensión de ejecuciones, puede generar un escenario imposible pues los disidentes no pueden dar por terminada la novación hasta pasados los años de la espera pactada, y ¿cómo entonces pueden iniciar ejecuciones antes del vencimiento de la deuda nueva?

IV.- CONCLUSIONES.

PRIMERA.- Las instituciones preconcursales intentan proporcionar al empresario insolvente un instrumento de pacto con sus acreedores que le permita evitar el concurso de acreedores. Resulta encomiable que el legislador potencie estos institutos como vía para evitar la destrucción de empresas, pero el porcentaje de pequeñas y medianas empresas potencialmente destinatarias de estos institutos, es muy pequeño. Baste para ello contrastar el perfil de las empresas y grupos de empresas que han homologado acuerdos de refinanciación.

SEGUNDA.- La cultura empresarial y social de nuestro país ha de evolucionar necesariamente para que el acercamiento del empresario insolvente al preconcurso, no se convierta en un estigma social que obstaculice su legítimo deseo de salvar su empresa. La simple petición de nombramiento de experto independiente o de mediador concursal no puede ser una decisión de la que tenga que arrepentirse por el motivo socio-empresarial citado.

TERCERA.- Los acuerdos de refinanciación en sus dos modalidades y los acuerdos extrajudiciales de pago recientemente creados, siendo instituciones legalmente incompatibles, sin embargo presentan unas diferencias y paralelismos cuyo análisis permite ahondar en su conocimiento. No está justificada en nuestra opinión la incompatibilidad de ambas figuras y la obligatoriedad que se impone al deudor de optar por una u otra. El hecho de que respondan a diferentes filosofías no justifica su radical separación.

CUARTA.- Resulta inexplicable el maltrato que padece el acuerdo extrajudicial de pagos en relación con los acuerdos de refinanciación. El planteamiento en sede concursal es el de que se prefiere siempre el convenio como solución conservativa a la liquidación como solución liquidativa; pero en la misma sede, si el convenio no se logra o se incumple ya no habrá nueva oportunidad para pactar y el concurso se verá abocado a la liquidación. Este planteamiento se aplica a los acuerdos extrajudiciales de pago de forma estricta de modo que si no se consigue el mismo, se abre el concurso consecutivo solo para liquidar. Ello no se aplica a los acuerdos de refinanciación pues si no se obtiene el pasivo y condiciones adecuados para su consecución, en el concurso el deudor no se verá privado de la posibilidad de convenio. Pronosticamos ya que ello será un obstáculo muy importante a la hora de decantarse el deudor por esta opción, pues de ser elegida y no lograda, lejos de salvar su empresa y salir de la insolvencia (intención con la que se acercó al preconcurso), acaba por liquidarla sin alternativa.

QUINTA.- Los máximos de quita y espera previstos en la ley, en un 25% y 3 años respectivamente se nos antojan muy escasos sin permitir margen de negociación, así como el 60% de pasivo para los acuerdos extrajudiciales de pagos. No es congruente que tras dos años el legislador haya llegado a la conclusión de que es preciso reducir el porcentaje de pasivo para poder homologar el acuerdo refinanciador del 75% al 55% de forma tan sustancial, y en la misma norma contemple esas cifras para la nueva institución preconcursal. Comprobaremos en breve plazo su reducción sin duda.

SEXTA.- El contenido y los operadores intervinientes en los institutos preconcursales, limitan la libertad de autonomía de la voluntad de las partes a la hora de pactar y con esta reforma se han introducido nuevos límites vía Registradores Mercantiles, Notarios, mediadores concursales, y procesos de designación de expertos, cuyo efecto favorable o pernicioso no es fácil adivinar. Resulta inexplicable que con carácter forzoso el mediador concursal sea el administrador concursal del concurso consecutivo para los acuerdos extrajudiciales de pago y que el experto independiente tenga vedada esa posibilidad respecto de un posible concurso posterior. Las tareas encomendadas al mediador concursal en los acuerdos de pago, y su posterior designación como administrador en el concurso consecutivo, causarán las reticencias del deudor a la hora de proporcionar información al mediador y harán de los acuerdos de pago una figura nada atractiva en fase preconcursal.

UNA VISION DE LA OFICINA JUDICIAL (con los ojos puestos en León) Por Dionisio Carrillo Fuillerat

Redacción web

Los pasados días 13 a 15 de Noviembre he tenido la oportunidad de participar, junto con un grupo de compañeros de Comunidades Autónomas transferidas, y por obra y gracia del Ministerio de Justicia (todo hay que decirlo) en una de las ediciones del programa sobre estancias tutorizadas de la Oficina Judicial.

Reflexiones de un Secretario Judicial

Redacción web — Sábado, 19 octubre 2013 11:50:00

INCUMPLIMIENTO RECURRENTE DE LA INSTRUCCIÓN 3/2012

Redacción web — Miércoles, 16 octubre 2013 19:20:00

EL SECRETARIO JUDICIAL ANTE LA REVOLUCION TECNOLOGICA

Redacción web — Domingo, 13 octubre 2013 11:20:00

I.- NECESIDAD DE UTILIZAR LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

Actualmente existe una auténtica revolución tecnológica que está cambiando la forma de trabajar y sobre todo la forma de ejercer muchas profesiones.

Las economías desarrolladas necesitan un nuevo impulso al crecimiento, y en este sentido se puede decir que nos encontramos ante una nueva revolución industrial, que cambia radicalmente, como hicieron la máquina de vapor, el ferrocarril o la electricidad, la manera en la que se organizan los sistemas de producción.

Si nos paramos un momento a pensar y comparamos como se trabajaba hace unos años en los Juzgados, por ejemplo para hacer unas simples copias de una sentencia:

En los años ochenta era mediante una máquina de escribir mecánica con papel carbón.

En los años noventa con fotocopiadoras.

En la década del dos mil con un ordenador conectado a una impresora.

En definitiva, el cambio ha sido brutal, aunque un poco lento en la administración de justicia en comparación a otras administraciones mejor dotadas de recursos o al sector privado, pero al final termina inevitablemente llegando también a nuestros Juzgados.

Las aplicaciones informáticas que tenemos en los Juzgados nos tienen en muchas ocasiones desbordados; todavía no hemos terminado de aprender, como funciona el Portal de la Administración de Justicia para enviar la productividad y ya tenemos que estar averiguando, como utilizamos el carné con firma digital, para garantizar la autenticidad de las grabaciones de las vistas.

Una forma de resolver el problema es pensar que las aplicaciones informáticas son cosa de los funcionarios, porque son ellos quienes tienen el deber de utilizar las maquinas. Considero que somos todos los que tenemos la obligación de conocer los programas informáticos, porque para organizar el trabajo en nuestro Juzgado tenemos que saber las herramientas de las que disponemos y aunque no tengamos que ponernos directamente sobre el teclado, si tenemos que saber con el mayor detalle y precisión su funcionamiento. Por ejemplo, para hacer la averiguación del patrimonio del ejecutado debemos saber que mediante el PNJ se puede acceder a los datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social, etc., el tiempo que se tarda aproximadamente e interpretar la información obtenida.

II.- EL SECRETARIO JUDICIAL ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

En general, los Secretarios Judiciales somos un poco reacios a la utilización de las aplicaciones informáticas. Recuerdo, cuando en el año 2004, se cambió la cuenta de depósitos y consignaciones del BBVA a BANESTO, al principio pensábamos los Secretarios que nos querían convertir en unos simples empleados del banco, que al tener que confeccionar los mandamientos de devolución con el ordenador, en lugar de a mano, que nosotros íbamos a hacer el trabajo administrativo al banco. Realmente recibimos el cambio, sin ningún entusiasmo, cuando no con cierta hostilidad, pero a las pocas semanas de estar en funcionamiento el nuevo sistema, la realidad es que la mayoría estábamos encantados, simplemente porque agilizaba nuestro trabajo y nos daba mayor seguridad, en definitiva, nos hacía ser más eficientes.

En la actualidad en los Juzgados y Tribunales tenemos que manejar una gran cantidad de programas informáticos: SIRAJ, la aplicación de BANESTO, el Punto Neutro Judicial, Lexnet, los sistemas de gestión procesal: Minerva, Libra, Temis, Adriano, etc. Además de la utilización del correo-e, Word, Excel, etc.

Los Secretarios, debido a nuestra formación, estamos acostumbrados a estudiarnos las reformas legislativas, por muy continuas que estas sean en algunos casos para nuestra desesperación; pero no sentimos la misma inquietud ante una nueva aplicación informática o su última versión, cuando la realidad es que si queremos tener nuestro Juzgado controlado y ser eficientes tendríamos que hacer un mayor esfuerzo en la utilización y comprensión de todas las herramientas informáticas.

De entre todos los programas informáticos instalados en nuestros Juzgados, considero que el más importante es el sistema de gestión procesal (Libra en la Comunidad de Madrid, Temis en Cataluña, Adriano en Andalucía, Cicerone en la Comunidad Valenciana, Atlante en Canarias, JustiziaBat en el País Vasco, Minerva en el territorio Ministerio, etc.), porque es la base sobre la que se tramitan todos los procesos.

En este sentido deberíamos conocer su funcionamiento y al mismo tiempo exigir que tenga las siguientes funciones:

Que avisara del transcurso de todos los plazos procesales establecidos en la Ley (del plazo de 20 días desde el emplazamiento a un demandado para proceder a declarar su rebeldía, del plazo de 20 días desde la notificación de la sentencia para declarar su firmeza, del plazo de 10 días desde la notificación de la tasación de costas o liquidación de intereses, etc.).

Que avisara de los procesos que llevan parados 2 años, con el fin de proceder a su archivo definitivo por caducidad.

Que avisara de los procesos que están suspendidos durante 60 días para proceder a su archivo provisional.

Que avisara de las ejecuciones que están sin actividad durante un año para proceder a su archivo provisional.

Que el Secretario Judicial pudiera desde su ordenador tener controlados todos los pleitos e incluso que algunos asuntos que fueran de especial relevancia por establecerlo la Ley o por los intereses en juego, se pudieran programar para que avisaran cada cierto tiempo de su situación procesal o del número de los escritos pendientes de proveer y sus fechas.

Que facilitará todos los datos pedidos para confeccionar los boletines estadísticos, sustituyendo al actual sistema de recuento manual.

III.- LAS ADMINISTRACIONES EN MATERIA DE JUSTICIA

Todas la Administraciones que tienen responsabilidades en materia de Justicia, como son el CGPJ, Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con medios transferidos, deberán hacer un mayor esfuerzo en implicar a todos los que trabajamos en los Juzgados (Secretarios, Jueces, Gestores, Tramitadores, Auxilio Judicial, Fiscales y Forenses), en la necesidad de utilizar las aplicaciones informáticas, con el fin de prestar un servicio a los justiciables de calidad y acorde a los tiempos actuales. En este sentido deberíamos pedir e incluso exigir a dichas administraciones lo siguiente:

1º Una sola clave de usuario y contraseña para acceder a todas las aplicaciones. En la actualidad existe un gran caos, que por desgracia puede afectar a la seguridad del Juzgado, ya que tenemos multitud de claves diferentes para acceder a cada una de las aplicaciones, unas son de ocho posiciones alfanuméricas, otras además deben alternar mayúsculas con minúsculas, otras deben incluir obligatoriamente signos de puntuación, etc., de forma tal, que es imposible memorizar todas.

A título de ejemplo, tenemos usuarios y contraseñas diferentes para acceder a la cuenta de consignaciones, al SIRAJ, al correo-e, al Portal de la Administración de Justicia, al sistema de gestión procesal (Libra, Temis, Adriano, Minerva, etc.), al carné con firma electrónica, al CEJ, al Punto Neutro Judicial y dentro de éste para la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Tasa, Trafico, exhortos, etc.

2º La elaboración de un plan, que tenga como meta la implantación y el uso de las nuevas tecnologías en todos los Juzgados y Tribunales, con su correspondiente calendario y que incluya los siguientes aspectos:

a) Incentivos económicos por el uso real y efectivo de las nuevas tecnologías.

b) Los correspondientes cursos de formación impartidos por cada una de las administraciones responsable de la correspondiente aplicación informática.

c) Un único sistema de gestión procesal para toda España.

IV.- CONCLUSIONES:

Los Secretarios Judiciales deberíamos mostrar mayor interés en las aplicaciones informáticas para ser más eficientes en nuestro trabajo y conocer el sistema de gestión procesal existente en nuestra comunidad autónoma, como medio para poder exigir a la correspondiente administración que dicho sistema de gestión procesal cubra todas nuestras necesidades.

Las administraciones responsables en materia de justicia deberían facilitar a cada usuario una única clave para acceder a todas las aplicaciones informáticas y elaborar un plan de implantación y uso de las nuevas tecnologías en todos los Juzgados y Tribunales.

Los Secretarios Judiciales, como la inmensa mayoría de las profesiones, tendrán que adaptarse al uso de las nuevas herramientas utilizadas en el trabajo diario, para evitar que desaparezca la figura del Secretario Judicial.

En Madrid, a 9 de octubre de 2013

Fdo. Juan M. Ávila de Encío

DEL PRONTUARIO Y ALGUNAS COSAS MÁS

Redacción web — Martes, 21 mayo 2013 21:20:00

Breve comentario acerca de la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el procedimiento hipotecario Español.

Redacción web — Jueves, 21 marzo 2013 00:20:00

Habida cuenta de la repercusión social de la sentencia del Tribunal de Justicia europeo sobre la cuestión prejudicial planteada respecto al procedimiento hipotecario en España, no está de más exponer algunas reflexiones al respecto.

En primer lugar, y desde un punto de vista jurídico, hay que valorar la aplicación del contenido de la sentencia teniendo en cuenta la abundante jurisprudencia europea.

Con carácter general, las sentencias prejudiciales tienen efectos erga omnes, es decir, el pronunciamiento del Tribunal de Justicia al respecto obliga al órgano jurisdiccional que planteó la cuestión prejudicial, pero también al resto de los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro así como al resto de Estados de la Unión.

Ha de añadirse que, además de su carácter erga omnes, las sentencias prejudiciales poseen también efecto ex tunc, esto es, desde el momento de la entrada en vigor de la norma o acto cuestionado, efecto ex tunc que es relativo, puesto que el Tribunal de Justicia puede limitar esos eventuales efectos retroactivos cuando concurren determinadas razones, por ejemplo, de seguridad jurídica, confianza legítima, etc., que así lo aconsejen.

Es decir que, desde un punto de vista práctico, cuando un juez estime que en una ejecución hipotecaria se aprecia la existencia de cláusulas abusivas, podrá tomar medidas cautelares consistentes en suspender la ejecución hasta que se dicte la resolución definitiva, se haya modificado o no la legislación nacional para adecuarla al pronunciamiento del Tribunal europeo.

Hay que tener en cuenta que la apreciación por parte del juez de la existencia de cláusulas abusivas habrá de hacerla en base a la legislación nacional y a unos criterios generales proporcionados por el Tribunal europeo.

Dicho esto, y desde el punto de vista del consumidor, hay que tener en cuenta que aun cuando el juez paralice el procedimiento para apreciar la existencia o no de cláusulas abusivas, dicha paralización, per se, no evita el pago de la deuda ni tampoco disminuye su cuantía (salvo que se declaren abusivos los intereses de demora aplicados). Es más, la dilatación del proceso y el aumento de los costes procesales podría dar lugar a un incremento de la deuda pendiente.

En cuanto a los procedimientos finalizados, es decir, aquellas personas que han sido desahuciadas, este dictamen tendrá un efecto reducido sobre ellos. Aunque la persona que ha sido desahuciada pueda obtener una sentencia favorable a raíz del fallo europeo, ésta sería declarativa, es decir, tan sólo podría conseguir una indemnización.

En definitiva, nos encontramos ante un paso más en la defensa de los consumidores que, en aras de la seguridad jurídica, debemos esperar que se traduzca cuanto antes en una modificación de la legislación procesal.

Inmaculada López Rodríguez.

¿Dónde vas, Registro Civil? ¿Dónde vas, triste de ti?

Redacción web — Lunes, 29 octubre 2012 19:10:00

Los que trabajamos en un Registro Civil lo sabemos. Los que cada día luchamos con un volumen de trabajo desproporcionado, unos medios de trabajo propios de finales del siglo XIX, el desamparo de la Administración, lo sabemos. La aprobada Ley del Registro Civil que entrará en vigor en el año 2014, será la solución al caos, una solución cuya base fundamental es la desjudicialización del Registro Civil.

Antes de su entrada en vigor, se ha solicitado ayuda a otros efectivos de la Administración; el Ministerio de Justicia suscribió con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, un convenio de ayuda de estos, para resolver los expedientes de nacionalidad española por residencia atascados en la Dirección General de los Registros y del Notariado. El Ministerio de Justicia ha adjudicado, en el desarrollo de este convenio de colaboración “desinteresada”, 1,1 millones de euros para informatizar y digitalizar estos expedientes, además de ofrecer los medios humanos necesarios.

Al día de hoy, en los Registro Civiles españoles no tenemos un programa informático para registrar los asuntos, usamos registros de entrada manuales y registros manuales alfabéticos por años; no tenemos un Minerva, un Libra, usamos modelos en Word, e incluso hechos en imprenta; no podemos introducir un nombre, un DNI o NIE en la red y localizar un expediente, vamos a nuestros libros de registro manual y pasamos las hojas; no tenemos firma electrónica y eso que firmamos doscientas, trescientas veces al día; enviamos por correo postal y hechas manualmente notas de matrimonio o defunción a otros Registros Civiles porque no estamos en red, y por este motivo tampoco podemos expedir a los ciudadanos los certificados de una inscripción hecha en otra localidad, lo tenemos que pedir y enviar al solicitante por correo postal; si la Policía necesita una certificación para el DNI, no la puede obtener telemáticamente: el interesado personalmente, por correo postal o electrónico debe dirigirse al Registro Civil donde conste; son algunos ejemplos. Estamos en el año 2012.

Los males del Registro Civil van más allá de a quien está encomendado; Ayuntamientos, Interior, Justicia, depende de los países. Por dónde empezamos la reforma. Aprovechamos la estructura creada y nos ponemos, de verdad, a solucionar sus problemas, conociéndolos de primera mano y apostando por las personas que trabajan cada día en estas condiciones, e invertimos dinero suficiente; u optamos por erradicar esta estructura y ahora sí, con todos los medios materiales y personales necesarios, contando con la opinión de los actores del cambio, con las inversiones económicas necesarias, empezamos de nuevo. Las reformas deben ser para dar eficacia, inmediatez, gratuidad al ciudadano, el objetivo principal, y siempre dentro del Estado legal y de derecho.

El Registro Civil da certeza y legitimidad pública a los actos que afectan al estado civil de las personas.

Los Registros Civiles llevan años buscando respuestas, ofreciendo sus escalofriantes datos y estadísticas. La Administración lleva años sin respondernos. Hasta ahora.

El Ministerio de Justicia ha comenzado encomendando la gestión en la tramitación de los expedientes de nacionalidad española por residencia a otros efectivos personales de la Administración, al margen de los Secretarios Judiciales: los Registradores de la Propiedad, dada su actual disponibilidad. Y se ha dictado por la DGRN la Instrucción de 2 de octubre de 2012, BOE de 13 de octubre.

El camino parece que no tiene marcha atrás.

María Mercedes Gutiérrez Alardrén

Secretario Judicial

La nueva Ley del Registro Civil , una visión de futuro de la institución registral.

Redacción web — Jueves, 05 julio 2012 18:50:00

La tragicomedia de ser secretario de gobierno

administrador_3 — Jueves, 07 junio 2012 20:00:00

1.- Recientemente se ha producido el cese del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, D. Jesús Olarte Madero. El consiguiente revuelo mediático hace extraordinariamente difícil conocer fielmente el por qué de una decisión tan grave: demasiado humo para ocultar la razón de lo sucedido, medias verdades, filtraciones parciales de información sesgadamente tendenciosas, etc. Lo normal en tales casos; se repite con tanta frecuencia que no llama la atención. Al final el humo desaparece y la noticia con él; queda sólo un vago recuerdo que es sustituido de inmediato por el siguiente revuelo.

El riesgo de la improvisación

pedromoya — Martes, 07 febrero 2012 21:50:00

Da la impresión que un Ministro, cuando accede ex novo al cargo, debe al poco tiempo demostrar que tiene ideas o “va a hacer algo”; cuando ya lleva más tiempo el fenómeno ocasiona la inundación en el BOE y en el caso del Ministerio de Justicia las consabidas reformas en el Código Penal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una o, preferiblemente, varias.

Cuando, como en el caso presente, se lleva tantos lustros alejado de la Administración de Justicia como el Sr. Gallardón, el riesgo de la improvisación producto de la falta de meditación es enormemente peligroso. Así nos encontramos con el hecho de que va a atribuir al Notariado la celebración del matrimonio y los procesos matrimoniales de mutuo acuerdo.

Demasiadas correcciones de errores para tan pocos Boletines Oficiales del Estado.

administrador_2 — Jueves, 08 diciembre 2011 08:50:00

Que guardara un imprudente silencio sobre el reconocimiento a una labor que ignoraba haber realizado – quizá soñado- y que el Ministerio de Justicia plasmó en Real Decreto 1749/2011, de 25 de noviembre, concediéndome la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, no justifica que siga callado cuando el Boletín Oficial del Estado del día 6 de diciembre (http://www.boe.es/di ... 2011-19192 ) corrige el publicado el 29 de noviembre de 2011 (http://www.boe.es/di ... 2011-18755) y me quita la Gran Cruz, acercando su caducidad a la de un yogur, cuando dice ahora: “al Cuerpo de Secretarios Judiciales y demás Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia” donde decía antes: “a los Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia”.

¿Qué queremos los Secretarios Judiciales?

administrador_2 — Domingo, 30 octubre 2011 04:40:00

Hace ya unos cuantos años, cuando me encontré por primera vez detrás de la mesa de mi despacho, en mi primer destino, me pregunté si valía la pena formar parte de una asociación de Secretarios Judiciales, si era necesario afiliarse y por qué, o más bien para qué.

REFLEXIONES SOBRE LAS CATEGORIAS PROFESIONALES

administrador_2 — Miércoles, 12 octubre 2011 21:30:00

Al dia de hoy seguimos hablando de la necesidad de reformar las categorias profesionales del Cuerpo de Secretarios Judiciales, con esa base, planteo una reflexión sobre la posibilidad de reducir las categorias a dos y no tres como actualmente, pues carece de sentido practico, de servicio y profesional la distinción entre segunda y tercera categoria.

Reflexiones sobre una conferencia. Por Isabel Valcarce Codes

administrador_2 — Sábado, 03 septiembre 2011 07:30:00

Antes de nada quiero manifestar que siempre he sentido un gran respeto y admiración por el Catedrático y Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional D. Vicente Gimeno Sendra, pero nada más leer en la publicación del Diario La Ley nº 7665 la trascripción de la conferencia pronunciada por él en la Academia Matritense del Notariado, tuve la necesidad imperiosa de indignarme. Eso está muy de moda.

El Secretario Judicial en el desarrollo del Juicio Oral penal

administrador_2 — Viernes, 24 junio 2011 17:00:00

¿Cual es la consecuencia de la inasistencia de un Secretario Judicial en un acto de Juicio Oral penal cuando la defensa del acusado solicitó su presencia por considerar que aquella podía afectar a su derecho de defensa?. ¿Qué pasa cuando el Secretario Judicial no incorpora su firma electrónica a la grabación, tampoco extiende acta escrita, o es un acta sucinta, y al ser apelada la grabación ya no existe?. ¿Y si la grabación audiovisual nunca existió, pues el sistema de grabación audiovisual no la recogió por un mal funcionamiento...?

La "Gestión de Calidad" de la nueva oficina judicial: ¿singular o plural?

administrador_3 — Miércoles, 15 diciembre 2010 13:00:00

1.- Acabo de hojear el último Newsletter de la Oficina Judicial. Por cierto que sigo sin entender por qué utilizar semejante nombre: basta con consultar cualquier diccionario para observar que la palabra de marras tiene traducción al castellano. Supongo que se pensará que queda más moderno o guay usar Newsletter que la rancia expresión Boletín de noticias. Desde que veo en las leyes el barbarismo sellado de tiempo (traducción horrible de timestamp, no confunda el lector tal cosa con los siete sellos del Apocalipsis como me temía yo en su momento) me puedo ya esperar cualquier cosa.

Por qué no estoy de acuerdo con mi bajada de sueldo

administrador_3 — Martes, 14 diciembre 2010 12:40:00

O por qué los platos rotos los pagan siempre los mismos...que nunca son los que los han roto.

Bienvenida al hijo pródigo

administrador_3 — Lunes, 22 noviembre 2010 11:50:00

La podredumbre en la Justicia

administrador_3 — Martes, 09 noviembre 2010 20:20:00

A propósito de los nombramientos de presidentes de tribunales superiores de justicia

Las vistas sin secretario judicial. Una solución real. Por Evaristo J. García Sánchez

administrador_3 — Miércoles, 14 abril 2010 13:30:00

A menos de un mes de la entrada en vigor de la reforma de la legislación procesal, el tema estrella en los foros (físicos y virtuales) donde nos encontramos Secretarios Judiciales sigue siendo el de nuestra intervención en las vistas como fedatarios.

... Y el acta maldita. Comentario a la STS, Sala 2ª, nº 1066/2009, de 4 de noviembre. Por Evaristo J. García Sánchez

administrador_2 — Sábado, 06 marzo 2010 08:30:00

La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado recientemente una sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado D. José Antonio Martín Pallín, que contiene una serie de consideraciones y conclusiones que, cuando menos, han de resultar sorprendentes para quienes ejercemos la fe pública judicial.

En busca del acta perdida. Comentario a la STS, Sala 2ª, nº 1066/2009, de 4 de noviembre. Por Juan Calzado Juliá

administrador_2 — Sábado, 06 marzo 2010 08:00:00

La sentencia que comentamos plantea (F.D 2º) un supuesto interesante: desaparece de las actuaciones el acta del juicio oral después de dictada la sentencia; por diligencia de ordenación se acuerda la reproducción y se da a las partes el plazo de dos días para que manifiesten si están o no conformes con la misma. La reproducción parece que consistió en imprimir una copia en papel usando el archivo informático existente que se creó en el momento del juicio; decimos tal cosa porque es lo que parece desprenderse de los hechos relatados en la sentencia, bien es cierto que con muy poca claridad. En efecto:

El Ministerio de Justicia debe pensar que somos tontos. Por Isabel Valcarce Codes

administrador_2 — Sábado, 13 febrero 2010 13:00:00

La que se avecina. Por Jesús María Torres García

administrador_3 — Miércoles, 28 octubre 2009 19:40:00

No, no me estoy refiriendo con este título, a la tan afamada serie que en alguna cadena nacional puede verse por las noches, sino más bien al volumen de la reforma legislativa procesal que en pocos meses será derecho vigente y a la adecuación de la misma a la vida diaria y rutinaria de nuestros órganos judiciales.

Y digo rutinaria por que pocas organizaciones son tan mecánicas e irreflexivas como las que pueden contemplarse en los juzgados de nuestro país. A día de hoy , que ya es decir, algunos profesionales e incluso compañeros, parecen no haber digerido la importante revolución y reforma procesal que experimentó nuestro cuerpo a raíz de la entrada en vigor de la LO 19/2003 de reforma de la LOPJ. Punto de partida que culmina en esta voluminosa ( lo cual no quiere decir que sea todo lo deseable que podía haber sido) reforma que por fortuna se nos viene encima. Pero lo dicho, algún magistrado aun cree que eso de que la superior dirección en la oficina judicial corresponde a los secretarios es un invento de las asociaciones de secretarios, y que eso de los decretos es una reivindicación antigua de los secretarios para colmar su ansia de resolución negada allende los tiempos por su papel secundario en el panorama judicial, ello a pesar de ser derecho vigente (aunque más bien programático y sin desarrollo legislativo) desde 2003.

Sobre el poder de envilecernos y la libre designación de los cargos en el Secretariado Judicial. Por Juan Calzado Juliá

administrador_3 — Viernes, 09 octubre 2009 11:40:00

Leo en la prensa la reseña de una reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 16 de Septiembre de 2009 (rec.28/2006), que anula el nombramiento por libre designación efectuado para un puesto de Subdirector nivel 30 en el Tribunal de Cuentas, por considerar que concurrió desviación de poder ya que se efectuó a propuesta o informe de su hermano, el vocal del Tribunal de Cuentas, Ciríaco de Vicente.

Almudena y las secretarias. Por Antonio González-Moro

administrador_3 — Viernes, 02 octubre 2009 06:10:00

Leo a Almudena Grandes en su columna del lunes 14(*), en la que destaca como causa principal de que los pederastas estén en la calle, en vez de en la cárcel, el cansancio de las secretarias de los juzgados. No sólo las secretarias están cansadas. También lo estamos los secretarios. Cansados de escuchar y de leer tópicos e información despojada de veracidad a base de simplificarla. Soy autocrítico con mi profesión y con el mundo judicial, y disfruto con las sátiras inteligentes y bien informadas, dos atributos de los que carece el artículo de Grandes que, además, cae hasta los lugares comunes frecuentados por quienes hacen carnaza de las mujeres trabajadoras y, por cierto, de escritoras como ella.

¿Adiós Justicia? Por Javier Herreros Ventosa

administrador_3 — Jueves, 24 septiembre 2009 16:00:00

Tiene razón el profesor De la Oliva cuando afirma que "es fatigosísimo defender lo evidente y luchar contra su negación". A partir de aquí, casi discrepo en todo lo demás, porque para mí y para muchos ciudadanos españoles lo que es evidente cuando se habla de Poder Judicial, de Administración de Justicia o de Justicia en general, es que nuestro país padece, más que disfruta, de su sistema judicial. Puedo estar equivocado, pero esta impresión la deduzco simplemente de mi experiencia profesional diaria y de las numerosísimas referencias al tema que ocupan continuamente titulares en los medios de comunicación. He de reconocer, leyendo de nuevo al profesor De la Oliva ayer en la tercera de ABC, que siento pánico ¡pobre de mí!, al tener la sensación de enfrentarme con mi opinión a toda la "doctrina jurídica universal", que de repente parece ser una piña en torno a la idea de agresión flagrante del Poder Ejecutivo al Poder Judicial en España.

Otra vuelta de tuerca. Por Pedro Moya Donate

administrador_3 — Martes, 22 septiembre 2009 18:40:00

Una vez más la mediocridad vuelve a fluir entre la espesura del pantano judicial, hace muy poco acabamos de conocer el comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura en relación a la última reunión mantenida con el gabinete Ministerial referente a las actuaciones necesarias para conseguir un consenso para modernizar la justicia, entre otras cuestiones corporativas.

Los puntos respecto a los cuales muestran su desacuerdo son:

Sobre la revista e-justicia: ¿quieren dejar de tomarme el pelo con mi dinero?

administrador_3 — Lunes, 15 junio 2009 19:30:00

Tirar piedras sobre el tejado (propio)

administrador_2 — Sábado, 30 mayo 2009 20:00:00

Sobre los defensores de la fe pública judicial

administrador_3 — Viernes, 22 mayo 2009 13:10:00

Ahora que está en marcha una reforma procesal en la que se pretende redefinir la fe pública judicial, nunca bien definida ni suficientemente valorada salvo por alguna circular de la Fiscalía ya trasnochada, se me ocurre pensar en el pasado, en concreto en algunos datos históricos.

El primero de esos datos se remonta a la mitad de los años ochenta del siglo pasado. En aquellos años se puso de moda entre algunos Secretarios judiciales un libro titulado "Doy fe". Su autor era Antonio Ruiz Vilaplana. Traigo a colación este hecho histórico porque el contenido del libro relataba en un testimonio directo los avatares de un Secretario judicial (así se escribía en el Reglamento de 1911, la primera palabra con mayúscula, la segunda con minúscula) en el Burgos de 1937. En el epílogo de este libro que sirvió de bandera identificativa a un grupo de Secretarios en la Barcelona de los años 80, exponía su autor cómo un día, harto de dar fe de los levantamientos de cadáveres de quienes habían sido sacados de sus casas y fusilados y aportar esa misma garantía en los expedientes de desaparición correspondientes, (lo que suponía posiblemente el caso más flagrante de contradicción real garantizado por la fe pública judicial) , huyó de España por la frontera francesa, tratando de olvidar cómo un régimen autoritario hacía uso y abuso de la fe pública judicial en su propio beneficio hasta el punto de que cuando este hombre dejó de prestarse a esos caprichos el propio dictador ordenó que se le procesara y condenara en ausencia. Sin embargo, ese dictador que todo podía, no lo sabía todo y en concreto no sabía que en aquellos momentos los Secretarios judiciales estaban protegidos por un antejuicio, de manera que para poder ser procesados, previamente debía ser autorizado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial correspondiente. Pero aquel hombre, el dictador, no podía soportar ninguna insumisión ni impedimento aunque fuera normativo, ni siquiera el que trataba de garantizar la independencia de fe pública judicial, por lo que ordenó en plena guerra civil (el Decreto tiene fecha de 1937) derogar el correspondiente artículo del Reglamento de 1911. La independencia que se perdió con aquel Decreto nunca más se ha recuperado, posiblemente hasta ahora, con la Ley Orgánica en su redacción dada en 2003.

Comentarios a los últimos acuerdos del CGPJ: modificación del R.A.A e Instrucción sobre normas para el registro de los asuntos. Por Juan Calzado Juliá

administrador_3 — Martes, 05 mayo 2009 17:40:00

Fe pública y razón: el argumento

administrador_3 — Lunes, 04 mayo 2009 16:30:00

Entre nosotros, Secretarios Judiciales, profesionales de la Justicia, defender una institución procesal debe suponer mucho más que escribir un manifiesto. Defender una institución procesal como la Fe Pública, y como me gustaría que nosotros lo hiciéramos, supone inicialmente reflexionar de manera seria y profunda sobre el sentido de la propia Administración de Justicia en la que trabajamos, y tener presente ante todo su carácter de Servicio Público, por una parte, y de ejercicio de un Poder del Estado, por otra. Esta diferenciación no está de más, porque todas las instituciones que configuran el entramado orgánico procesal tienen sentido en función, y sólo en función, del resultado final pretendido, que no puede ser otro que la satisfacción de los objetivos de política legislativa que partiendo de la Constitución y de su reconocimiento de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos, constituyen el cuadro de garantías jurídicas que configuran un ámbito social de convivencia pacífica.

Justicia independiente y Secretarios Judiciales

administrador_2 — Domingo, 22 marzo 2009 08:40:00

Luis Buñuel y la agenda de señalamientos

administrador_2 — Lunes, 09 marzo 2009 17:20:00

Los tres pies del gato

administrador_2 — Martes, 03 marzo 2009 17:00:00

¿Queremos (de verdad) que la justicia funcione?

administrador_2 — Domingo, 22 febrero 2009 17:20:00

El señalamiento de juicio como caballo de batalla. Por Tomás Mingot

administrador_2 — Miércoles, 18 febrero 2009 20:30:00

"Periquito de los palotes". Por Eduardo Lazúen Alcón

administrador_2 — Domingo, 08 febrero 2009 19:20:00

Jueces sin Justicia. Por Máximo Javier Herreros Ventosa*

administrador_2

Para un ciudadano corriente, que utiliza los servicios públicos de su país cuando lo necesita, el funcionamiento normal de aquellos supone simplemente que las previsiones legales por las que se rigen, se cumplan. La previsibilidad es, por tanto, uno de los efectos primordiales del Estado de Derecho, y la incertidumbre, por el contrario, un síntoma de anormalidad, mal funcionamiento o ausencia total de garantías legales.

Quien puede lo más... ¿puede lo menos?

administrador_3 — Miércoles, 19 noviembre 2008 21:20:00

La respuesta, como la de cualquier otra pregunta que se formule acerca del funcionamiento de la Administración de Justicia, sería “depende”. Veamos algunos ejemplos:

Leo en un medio digital (El Pais) que el director del mismo ha sido requerido por el juez que investiga el accidente aéreo de Barajas para que cese en la difusión de un vídeo que muestra la tragedia. Aún no sé por qué, si por la inercia de pinchar en cualquier enlace que me encuentro, por la curiosidad morbosa de ver cualquier documento judicial ajeno, o por un presentimiento, el caso es que abro el archivo y allí veo el documento escaneado que contiene el requerimiento y que está firmado por el Magistrado-Juez instructor. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, al regular los actos de comunicación (y el requerimiento no es sino uno de ellos) prevé que al destinatario se le entregue una cédula que contiene la resolución que se le comunica. Y uno de los requisitos de esta cédula es la firma del Secretario Judicial.

Los servicios mínimos y el Ministerio de la Injusticia

administrador_2 — Domingo, 09 noviembre 2008 21:20:00

Con carácter previo: es verdaderamente una muestra de la excelente disposición con que el Ministerio de Justicia obsequia a los secretarios judiciales el hecho de que, anunciado el paro el día 7 de octubre, la reunión para la fijación de los servicios mínimos se señale para el día...16; evidentemente ante la más que presumible falta de acuerdo en su fijación, la decisión unilateral ministerial, hecha hoy día 17 y viernes, trata de impedir toda posibilidad de reacción al dejar sólo un día hábil para la misma. Todo un ejemplo de fair play, sin duda.

Comentarios a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre abono de prisión preventiva en la liquidación de condena

administrador_2 — Jueves, 25 septiembre 2008 21:20:00

Hace unos días dábamos cuenta en esta web de una sentencia del Tribunal Constitucional que establecía que la situación de coincidencia entre la prisión provisional en una causa y la situación de penado en otra, no es obstáculo para que dicho periodo se compute en la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en la causa en que se decretó la prisión provisional.

Aunque esta sentencia se refiere a un caso concreto, y sólo a la situación de coincidencia temporal pena/medida cautelar de prisión, la doctrina que sienta es aplicable a todas las ejecuciones en que por cualquier situación deba hacerse una liquidación de condena, en virtud del art. 5-1 LOPJ.

La partitocracia y el "nuevo" Consejo General del Poder Judicial

administrador_2 — Domingo, 21 septiembre 2008 21:20:00

El gobernador de una provincia romana necesitaba tres fortunas: una para pagar el haber sido nombrado, otra para disfrutarla al acabar el mandato y otra para comprar al tribunal que lo iba a juzgar. La política ha evolucionado mucho desde entonces y hoy ya no es necesaria una fortuna para comprar a ningún tribunal. Ahora todo es menos burdo, más refinado. Primero los cargos políticos de altura sólo pueden ser juzgados por ciertos tribunales, como el Supremo, los Superiores de Justicia o la Audiencia Nacional; segundo, el órgano que elige a parte de los jueces de esos tribunales, a quienes van a ostentar la jefatura de tales órganos y que tiene en su mano la responsabilidad disciplinaria es el Consejo General del Poder Judicial; tercero, los miembros de éste son designados a su vez por los políticos, poniéndose especial cuidado en la previsibilidad de su conducta medida por la fidelitas a quien tal pompa y beneficios concedió. Do ut des. El problema no son los nombres; este Consejo no será ni mejor o pero que otros; la única diferencia entre todos ellos actuar con más o menos descaro.

Comentarios a la Instrucción 1/08 de la Secretario de Gobierno de Cataluña. Por Redacción web

administrador_3 — Martes, 09 septiembre 2008 21:20:00

La Instrucción que vamos a analizar es ciertamente muy meritoria en muchos aspectos de su contenido y trata de solventar algunas de las cuestiones que plantea la extraordinariamente deficiente regulación de los procesos penales de ejecución así como unificar prácticas en los mismos. En realidad dicha materia sufre muy especialmente un secular abandono legislativo y es la práctica diaria de los órganos judiciales la que se ha visto obligada a solventar los problemas que se plantean.

A propósito de "Juez no muerde Juez". Por Maite*

administrador_3 — Viernes, 20 junio 2008 21:20:00

Cuando se leen comentarios como el aparecido en el editorial del Diario el País del miércoles 25 de junio, que lleva por título Juez no muerde juez, es difícil sustraerse a realizar algunas reflexiones. Al tratar sobre un caso evidente y lamentable de mal funcionamiento de la Administración de Justicia, se incurre con demasiada frecuencia en el error de reiterar los comentarios tópicos sobre la situación de nuestra organización judicial y de sus únicos aparentes operadores: los jueces.

Sobre la suspensión de los cursos para secretarios judiciales en el C.E.J.A.J.

administrador_3 — Martes, 03 junio 2008 21:20:00

Hace dos días, con estupor, he leído en esta web que por problemas de "ajustes presupuestarios" la formación continuada para los secretarios judiciales ha sido cancelada. Realmente es algo sorprendente e inaudito hasta la fecha. Posteriormente he acudido a la página web del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, en busca de una nota oficial sobre el asunto y literalmente la información que se ofrece es que: "Quedan cancelados los siguientes cursos dirigidos a la formación continuada de secretarios judiciales", seguida de la relación de los cancelados. No consta fecha alguna.

Reflexiones sobre el "Caso Alovera"

administrador_3 — Lunes, 12 mayo 2008 21:10:00

En los últimos meses parecen que los casos “escandalosos” que son noticia y tienen como causa el mal funcionamiento de la Administración de Justicia se multiplican alarmantemente. Sin duda el más famoso es el llamado caso “Mariluz”, pero recientemente los medios de comunicación han prestado bastante atención al llamado “caso Alovera”: muerte de una mujer asesinada en uno más de los casos tan mal llamados de “violencia de género”.

EL CODIGO PENAL NO ES LA SOLUCION. Por Iannus.

administrador_3 — Jueves, 08 mayo 2008 21:10:00

Estas últimas semanas los medios de comunicación vienen repitiendo, insistentemente, el drama que para la sociedad suponen los accidentes de tráfico. La reacción inmediata que se observa en las declaraciones de los responsables políticos que quieren acabar con el problema es la “solución mágica” experimentada hasta la saciedad y coronada reiteradamente con el más absoluto de los fracasos: modificar el Código Penal.

La táctica o proceso se viene repitiendo con un iter muy conocido: 1.- se produce algún hecho o situación que, en mayor o menor medida, es objeto de debate en la sociedad; 2.- los medios de comunicación le dedican una especial atención, con seguimiento minucioso de los casos que se producen; ese seguimiento suele ir acompañado con la difusión de resoluciones judiciales que, muchas veces mal explicadas o mal entendidas, producen una reacción en la ciudadanía que, amplificada por los medios de comunicación, se convierten en clamor en reivindicación de una solución; 3.- y finalmente aparece el ministro de turno con la esperada “poción mágica”: vamos a cambiar el Código Penal de modo que o se van a “endurecer” las penas ya previstas o se van a tipificar conductas que hasta ahora no constituían infracciones penales; 4.- vuelve la calma y va desapareciendo la “alarma social” ante la “contundente” respuesta de los responsables políticos; 5.- se aprueba la reforma penal correspondiente que se airea mediáticamente para aviso, advertencia y conocimiento general; 6.- todo sigue más o menos igual de hecho.

La APM considera que la responsabilidad no es del Juez sino de la Secretaria: ¿Corporativismo o miopía?

administrador_3 — Viernes, 25 abril 2008 21:10:00

El periódico ABC publicaba ayer una noticia en la que se hace eco de un informe elaborado por la Asociación Profesional de la Magistratura con relación al caso “Mari Luz” y que ha sido remitido a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. La conclusión del mismo es que el Juez del Juzgado no cometió falta alguna y atribuye la responsabilidad a la Secretaria Judicial y a los funcionarios que integran la llamada unidad procesal de apoyo por lo que exige el sobreseimiento del expediente abierto al mismo y reclama al Ministerio de Justicia que depure las responsabilidades de los profesionales que de él dependen (la Secretaria Judicial tiene abierto un expediente).

Pueden compartirse algunas de las afirmaciones de dicho informe pero otras son profundamente desacertadas tanto en su argumentación como por su supuesta finalidad. Veamos más despacio el asunto.

La Administración de Justicia está muy enferma. Por Secretariado

administrador_3 — Sábado, 12 abril 2008 21:10:00

En los últimos días están apareciendo en los distintos medios de comunicación, noticias relacionadas con el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia que permitió la libertad de Santiago del Valle, el presunto responsable de la muerte de la pequeña Mari Luz. En primer lugar, manifestar nuestras condolencias a sus familiares ante este luctuoso suceso.

Pero ahora toca hacer un análisis de las causas de este funcionamiento de la justicia, que desgraciadamente no es excepcional. Todos los operadores implicados dan sus explicaciones al respecto. La Junta de Andalucía resalta las excelencias del sistema informático Adriano y responsabiliza del error a los Jueces y a los Secretarios Judiciales que son responsables de la organización, gestión, inspección y dirección del personal en aspectos técnicos procesales. La Fiscalía dice que no dispone de un sistema informático adecuado, y que no le habían remitido el expediente. Los Jueces afirman que no les dieron cuenta y que la carga de trabajo es excesiva. La Junta de Secretarios de Sevilla se ha quejado de la falta de creación de Secretarios Judiciales, cuando se han aumentado el número de plazas de magistrados.

EL CAMBIO DEL CAMBIO DE LO QUE NO SE HA EMPEZADO A CAMBIAR. Por Enki *

administrador_3 — Lunes, 07 abril 2008 20:50:00

Recientemente tuve la ocasión de asistir a una exposición de la llamada "gestión" o "proceso" de cambio organizativo en una empresa privada; en concreto, de Banesto. Evidentemente aunque es un tema muy estudiado en el mundo empresarial donde la competitividad obliga a una continua adaptación para no perder posiciones en el mercado, e incluso en el ámbito de la Administración Pública, donde cada vez se importan técnicas organizativas y de gestión procedentes de la empresa privada, realmente no creo que se haya estudiado con la profundidad que merece con relación a la Administración de Justicia.

El más elemental sentido común impone una máxima evidente: lo que no funciona se cambia, lo que funciona no debe ser cambiado; como es notorio que el funcionamiento de la Administración de Justicia no es bueno ni satisfactorio algo habrá que hacer. Y cuando pienso en la falta de "satisfacción" no pienso ya solo en los ciudadanos que una y otra vez dicen lo que piensan del asunto en las encuestas de opinión; también creo que es opinión común entre los que estamos dentro que esto no puede ni debe seguir así.

ANALFABETOS DEL SIGLO XXI. Por Iannus*

administrador_3 — Lunes, 17 marzo 2008 21:10:00

Hace unos días tuve ocasión de leer lo que, posiblemente, se puede considerar la primera regulación del acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales. Se trata del Decreto de 10 de abril de 1871 que aprobó el "Reglamento para los exámenes, ejercicios de oposición y concursos a las plazas de Secretarios Judiciales y Vicesecretarios".

Reconozco que tengo una extraña atracción por los textos viejos, sobre todo los del Siglo XIX, lo suficientemente próximos como para entenderlos pero al mismo tiempo suficientemente exóticos como para extraer frases, expresiones o palabras hoy en desuso pero que reflejan con total precisión la idea que el autor pretendía transmitir: "el examen se sufrirá por espacio de hora y media", "terminado cada examen, la Junta declarará aprobado o reprobado al que lo haya sufrido"...

Los Protocolos prevalecen sobre las normas...o las suplantan

administrador_3 — Sábado, 16 febrero 2008 21:10:00

Recientemente se ha anunciado la firma de un (sic) "Protocolo de Funcionamiento y (de) Emisión de (los) actos de comunicación procesal" del que son signatarios el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores. Ciertamente no deja de resultar un tanto llamativo pensar qué significa exactamente hablar de unas reglas de "funcionamiento" de los actos de comunicación procesal; al igual que ya hay que dar por perdido el significado propio de la palabra "protocolo", que según el Diccionario no se corresponde precisamente con el contenido del presente.

LAS NOTIFICACIONES ELECTRONICAS EN LA ARGENTINA. Por Pelayo Ariel Labrada *

administrador_3 — Domingo, 04 noviembre 2007 21:10:00

Durante más de ocho años, se han realizado intentos en diversos lugares de la República Argentina, de hacer notificaciones por correo electrónico, pero todos fracasaron porque dependían de la adhesión voluntaria de los abogados. El principal escollo era que los letrados estaban acostumbrados a leer el proveído en el expediente o en internet y, al no quedar legalmente notificado, esperaba que llegara la cédula a su estudio, cosa que se concretaba unos quince días después, tiempo que destinaban a la holganza o a dilatar intencionalmente el proceso.

Si bien pocos estaban dispuestos a perder ese “recurso”, ahora esa corruptela corre el peligro de ir desapareciendo, por una novedad que se ha generado en la provincia de Mendoza (a 1000 km al oeste de Buenos Aires), y que ha causado gran impacto: Desde el 1º de junio del año 2007, todas las notificaciones destinadas al domicilio procesal, en el fuero laboral de esa región, se están haciendo por coreo electrónico. Solo se exceptúa de esta regla las que van acompañadas de copias, que se continúan haciendo por la tradicional cédula-papel.