El martes 13 de febrero se inadmitió en Cortes la tramitación de la proposición no de Ley del Partido Popular que reformaba la Ley del Registro Civil de 2011, que atribuía a los Letrados de la Administración de Justicia la llevanza como Encargados del Registro Civil, pero sin apenas más regulación, manteniendo la estructura del actual sistema registral.
En la intervención de todos los partidos políticos, quedó claro, que la proposición no de ley presentada era una mera declaración de intenciones, un brindis al sol, que concluía que fuéramos los Encargados sin retribución alguna, pero asumiendo el trabajo de Encargado sin medida alguna de refuerzo. Deberíamos gestionar un Registro Civil arcaico, sin firma digital, sin sistema de gestión procesal, y manteniendo la estructura territorial decimonónica del mismo, es decir, los juzgados de paz, mixtos, etc.
UPSJ apoya indudablemente la asignación del Registro Civil al los Letrados de la Administración de Justicia como los Encargados, pero en otras condiciones. Por dignidad, y para empezar, no vemos otra opción que defender una retribución similar a la del actual Encargado.
También debemos exigir un número suficiente de Encargados para asumir en condiciones este servicio público. Absolutamente en todos los registros, ya sean registros exclusivos o juzgados civiles compartidos o mixtos, hay que prever la necesidad de aumentar los recursos humanos, puesto que el Letrado pasa a desempeñar su trabajo y además el del actual Encargado. Esta falta de previsión, y el mantenimiento de un sistema decimonónico, apartándose del modelo de Registro Provincial de la Ley 20/11, implicará el fracaso de esta reforma del Registro Civil.
No podemos tampoco prescindir del papel fundamental de las nuevas tecnologías. No es de recibo aprobar una reforma dejando en el aire cuándo y cómo se dispondrá de la firma digital, o de la hoja única registral, o de un sistema de gestión procesal.
Y por otra parte, UPSJ siempre ha defendido la multiprorrogada Ley 20/11 del Registro Civil, porque nos parece un verdadero avance en la modernización tecnológica a la vez que mantiene su gratuidad y cercanía al ciudadano, que consideramos cualidades esenciales e imprescindibles.
Por ello instamos al gobierno de España, con el PP, y el resto de partidos políticos a un consenso antes del 30/06/2018, momento en que entrará en vigor la Ley de Registro civil 20/11, hoy inaplicable, por la falta de inversión y previsión del Ministerio.
En España, todos los ciudadanos nos merecemos una Ley de Registro Civil en condiciones, seria y rigurosa que perdure muchos años, para poder dar un servicio moderno y esencial en condiciones y no un proyecto sonrojante como se pretendía.
