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ARCHIVOS JUDICIALES: COMENTARIOS SOBRE EL EXPURGO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA OFICINA JUDICIAL (R.D. 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales). Por Alberto García Tobío*

Ninguna duda puede existir respecto a la necesidad de acometer la catalogación y organización de la documentación que se encuentra en los archivos judiciales, para lo que las nuevas tecnologías aportan herramientas de indiscutible ayuda. Esta necesidad se siente desde dos perspectivas igualmente importantes, a saber, la pronta localización y puesta a disposición de los juzgados y tribunales de los procedimientos judiciales archivados que precisen y, por otro lado, la satisfacción del derecho de los ciudadanos a acceder a la documentación judicial.



pEl R. D. 937/2003, de 18 de julio de modernización de los archivos judiciales (RDMAJ) regula dos aspectos fundamentales para llevar el orden a estos archivos: a) El trasvase de documentos desde los Archivos de Gestión a los Archivos Territoriales. b) El expurgo de documentos.

a) Trasvase de documentos.

Atendiendo al primero de los aspectos acabados de reseñar, la posibilidad de trasvase de documentos desde los Archivos de Gestión a los Archivos Territoriales busca, obviamente, dejar espacio libre en los Archivos de Gestión. La operatividad del trasvase aparece regulada en el art. 5 del R.D. mencionado. En el apartado 2 de este precepto se viene a decir que “Transcurridos cinco años desde la incoación de los procedimientos o expedientes gubernativos, aquellos asuntos que no estuvieren pendientes de actuación procesal alguna, tanto en fase declarativa como de ejecución, podrán ser remitidos para su conservación y custodia al Archivo Judicial Territorial que le corresponda ...”

En el precepto que se acaba de reseñar se tienen en cuenta dos circunstancias procesales para sopesar la conveniencia del trasvase de documentación: la fecha de incoación del procedimiento y la falta de pendencia de actuaciones o paralización del asunto, expresión esta última empleada en la exposición de motivos del RDMAJ. Ahora bien, así como el art. 5.2 señala un plazo de tiempo para el primero de los momentos procesales (el transcurso de cinco años desde la incoación del procedimiento) no señala plazo alguno respecto a la paralización del procedimiento, dato este último que se nos antoja más relevante que el de la fecha de incoación a la hora de calibrar la conveniencia o no del trasvase de fondos documentales. Dicho de otra manera, un procedimiento incoado hace cinco años ¿Cuánto tiempo debe llevar paralizado para considerar procedente su remisión al Archivo Territorial? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? De la exposición de motivos del R.D. que comentamos parece deducirse que el plazo de paralización en que se piensa se inicia en el momento de la incoación del procedimiento (por tanto, un plazo de paralización también de cinco años), pues el redactor de la norma pone como ejemplo de paralización del procedimiento, en esta exposición de motivos, el caso de “las denuncias por delito sin autor conocido”, circunstancia que, con harta frecuencia, conlleva la paralización del procedimiento desde el mismo momento de la incoación.

De cualquier modo, ningún problema debe plantear a los órganos judiciales la organización y entrega de documentación al Archivo Territorial, cuya operatividad se regula en el art. 5.2 y 3 del RDMAJ. Este precepto somete, en definitiva, a la decisión discrecional del Secretario Judicial responsable del Archivo de Gestión la posibilidad de acordar o no el traspaso de documentación al Archivo Territorial pues, si bien el art. 13.1 establece que la remisión de documentos al Archivo Territorial se formalizará como mínimo con carácter anual, del precitado art. 5.2 y 3 se deduce que la decisión sobre el trasvase de procedimientos se deja al criterio responsable del Secretario Judicial. Obviamente, la facilidad para llevar a cabo el trasvase de documentación a que nos referimos pasa por la implantación en los órganos judiciales de la aplicación informática que están elaborando las diferentes Administraciones (al menos algunas Comunidades Autónomas) para hacer posible la organización y control de los procedimientos judiciales archivados. La implantación de esta aplicación para la gestión integral de archivos conlleva la catalogación y registro informático, por parte de personal ajeno al juzgado o tribunal, de toda la documentación judicial existente en cada archivo, así como la reorganización de los archivos judiciales con la finalidad de facilitar la rápida localización de procedimientos y mejorar la gestión del espacio. Estas aplicaciones generarán, además, automáticamente las relaciones documentales que se interese trasvasar junto con los oficios a remitir al Archivo Territorial.

Por ello, y como se indicaba anteriormente, el traspaso de documentación del Archivo de Gestión al Archivo Territorial ningún problema debe plantear al Secretario Judicial y demás funcionarios de cada órgano, pues esta documentación se transferirá cuando el Secretario Judicial lo considere conveniente y su operatividad se simplifica de manera decisiva con la herramienta informática que se ponga a disposición de los responsables de los archivos judiciales.

b) Expurgo de documentos.

Caso muy diferente es el relativo al expurgo de procedimientos judiciales. Aquí ya no hay discrecionalidad sino obligatoriedad, pues conforme al art. 15.3 del RDMAJ las relaciones de expedientes para expurgo debe realizarlas el Secretario Judicial como mínimo una vez al año, incluyendo todos aquellos procedimientos en los que haya terminado la ejecución o se hubiese declarado la prescripción o la caducidad.

El problema para la elaboración de esta relaciones es doble. Por un lado, la dificultad que supone la dedicación a esta prolongada y tediosa tarea por parte del personal de órganos judiciales que ya vengan soportando una importante carga de trabajo. Este problema se puede soslayar en buena medida con la creación de un Servicio Común, que parece lo lógico y razonable a la vista de la vigente LOPJ, o articulando otros medios de apoyo o incentivación al personal del órgano judicial de que se trate (prolongación de jornada, por ejemplo), sin perder de perspectiva que por mucha ayuda que se aporte, al final la firma que directa o indirectamente abre el camino al expurgo y, por tanto, a la responsabilidad que pueda conllevar si se destruye el expediente, es la del juez y la del secretario judicial de cada órgano.

Además del problema acabado de reseñar con relación al expurgo de procedimientos judiciales, existen otros derivados de la propia redacción del RDMAJ, en cuyo art. 15 se viene a establecer, expresándolo ahora de manera sintética, que los procedimientos que el secretario judicial debe reseñar como expurgables son aquellos en los que haya terminado la ejecución o en los que se hubiese dictado una resolución que declare la prescripción o la caducidad. Tres conceptos a priori muy sencillos pero que pueden encerrar dificultades no desdeñables para su concreción: ejecución, prescripción y caducidad.

1) Ejecución. Empezando por la ejecución ¿Quién puede decir con seguridad, en muchos casos, cuándo una sentencia está ejecutada? No habrá dificultad en aquellos procedimientos en que se haya dictado una resolución que declare ejecutada la sentencia, lo que, a buen seguro, en muchos órganos judiciales no se produce. Ahora bien, en otros casos, el considerar que una sentencia está ejecutada y, por tanto, el procedimiento debe ser expurgado resulta ciertamente arriesgado, por cuanto el expurgo puede conllevar la destrucción del procedimiento (obviamente no existiría riesgo si todos los documentos expurgados se conservaran en un Archivo Histórico a disposición de los órganos judiciales, pero la normativa vigente prevé, también, la posibilidad de la destrucción). De cualquier modo, parece que no debiera considerarse ejecutada una sentencia si no se ha solicitado la práctica de tasación de costas, lo que dejaría fuera del expurgo un buen número de documentos (hasta la declaración de caducidad, en su caso). Tampoco parece que debiera considerarse ejecutada una sentencia que condena al pago de una cantidad dineraria si no se ha reclamado el cálculo y abono de intereses. ¿Qué ocurre con la tradicionalmente denominada jura de cuenta? ¿Se puede tomar una decisión de expurgo, con la posibilidad de destrucción del procedimiento, si ello imposibilita la tramitación de una futura jura de cuenta? La respuesta no resulta del todo sencilla. Podría pensarse que transcurridos tres años desde la última actuación documentada en autos del Abogado o Procurador se imposibilita la jura de cuenta por prescripción de la acción, pero ello nos conduce a mayores problemas de los que esbozamos algunas pinceladas:

- La prescripción de la acción no puede suponerla el Secretario Judicial encargado de elaborar la relación de expedientes expurgables sino que tendrá que declararla el Juez. Ahora bien, resulta innecesario recordar que el Juez no puede declarar la prescripción de oficio sino que tienen que solicitársela. En consecuencia, la jura de cuenta podrá instarse años después de ejecutada la sentencia y ello con independencia de lo que acuerde el Juez o Tribunal sobre su admisión a trámite y con independencia de lo que se acuerde ante la alegación de prescripción o cualquier otra excepción por la contraparte.

- La prescripción de la acción, como es sabido, admite interrupciones y en algunos casos quizá suspensiones (1), lo que impide realizar suposiciones sobre si se ha producido o no la prescripción por el transcurso del plazo de tres años pues se ha podido producir una interrupción por causa que no conste en el procedimiento.

- Resulta dudoso que en la tramitación de una jura de cuenta se pueda declarar la prescripción de la acción en los casos en que se alegue la existencia de causas de interrupción, dada la escasez de trámites y la reducida posibilidad de aportar y practicar pruebas, lo que derivaría la reclamación hacia el juicio declarativo que corresponda en el que serviría como prueba la actuación del Abogado o Procurador documentada en el procedimiento (el art. 55.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español prohibe destruir documentos con “valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas o los entes públicos”).

- No se establece en la Ley un plazo de caducidad para que el Abogado o el Procurador puedan acudir al procedimiento privilegiado que supone la jura de cuenta, lo que, en principio, posibilitaría a ambos profesionales instar un procedimiento de esta clase transcurrido un número indefinido de años (sin perjuicio de lo que se pudiese acordar en caso de alegarse prescripción por la contraparte). Obviamente, puede razonarse que, producida la caducidad de un pleito principal, se extienden sus efectos a todos los incidentes que de alguna manera se relacionen con él. En cualquier caso ¿Puede el Secretario Judicial incluir en la relación de expedientes expurgables aquellos en que sería factible instar una jura de cuenta?

Hay también otras cuestiones que deben tenerse presentes a la hora de considerar expurgable un procedimiento en el que ha terminado la ejecución. Así:

- En caso de rebeldía del demandado deben tenerse en cuenta los plazos de caducidad de la acción de rescisión (hasta dieciseis meses de acuerdo con el art. 502 LEC), por lo que, aún tratándose de un procedimiento en el que haya terminado la ejecución (art. 15.1 RDMAJ), no parece que resulte expurgable hasta tanto transcurra el plazo mencionado.

- Asimismo, a la hora de sopesar el expurgo de los procedimientos judiciales debe tenerse en cuenta la posibilidad de que se puedan plantear incidentes de nulidad de actuaciones, pudiéndose suscitar estos incidentes hasta transcurrido un plazo máximo de cinco años (art. 241.1 de la LOPJ). Ello también parece significar que puede no resultar prudente proceder a la destrucción de un procedimiento en el que ha terminado la ejecución si no ha transcurrido un plazo de tiempo que excluya la posibilidad de que llegue a plantearse un incidente de nulidad de actuaciones. Igualmente debe tenerse en cuenta la existencia del incidente de anulación de actos judiciales (que puede afectar también a una sentencia firme) cuando haya existido violencia o intimidación sobre el Juzgador, hechos que el Juez o Tribunal deben poner de relieve “tan luego como se vean libres de ella” (art. 239 LOPJ), declarando nulo todo lo practicado bajo esa presión ilegítima.

- Otra razón que dificulta el expurgo de procedimientos judiciales hasta transcurrido un mínimo de cinco años desde la fecha de la sentencia (aunque haya finalizado antes la ejecución), estriba en la posibilidad de instarse la revisión de una sentencia firme durante ese plazo temporal (art. 512 LEC).

- Tampoco debe ser desdeñada la posibilidad de que, ejercitado el recurso de amparo, una sentencia firme pueda ser anulada por el Tribunal Constitucional transcurrido un largo período de tiempo, pues, si bien los plazos para recurrir en amparo son ciertamente breves (veinte o treinta días, según los casos, ex arts. 43 y 44 LOTC), el Tribunal Constitucional suele ser flexible a la hora de determinar el dies a quo para su cómputo, afirmando en reiteradas sentencias que el plazo comienza a contarse desde el día en que el justiciable tuvo conocimiento de la resolución lesiva del derecho fundamental que pone fin a la vía judicial previa (videre SSTC 305/2006, de 23 de octubre; 41/2004, de 22 de marzo; 36/2001, de 12 de febrero).

- Tratándose de causas penales, otro extremo que debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar la procedencia del expurgo por encontrarse ejecutada la sentencia es la posibilidad de existencia de piezas de convicción o sumas dinerarias consignadas o intervenidas, lo que puede exigir no sólo un examen minucioso de los autos sino también la constatación de que no obran en poder del Juzgado Instructor, pues la experiencia dice que en alguna ocasión no se documenta debidamente en autos piezas intervenidas o sumas dinerarias consignadas, cuya existencia se pone de relieve con el transcurso del tiempo.


2) Caducidad. La declaración de caducidad de la instancia no debiera plantear demasiados problemas en la mayoría de los casos, sobre todo si no se ha dejado transcurrir un número excesivo de años que dificulte la localización de las partes procesales para darles la posibilidad de intervenir, pudiendo alegar y acreditar la existencia de fuerza mayor (art. 134.2 LEC). Cuestión distinta es la relativa a la caducidad de la acción ejecutiva. Conforme al art. 518 de la LEC “La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso o en resolución arbitral caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución.” No parece haber problema para declarar la caducidad en los supuestos que recoge el precepto pero ¿Qué ocurre con las resoluciones judiciales a las que la LEC otorga fuerza ejecutiva (art. 517.2.9º) y no se mencionan en el art. 518? ¿Cuando caduca el auto que tiene por allanado parcialmente al demandado (art. 21.2) o el auto dictado en procedimiento de reclamación de cuenta de Abogado o de Procurador o el auto aprobando una tasación de costas o el auto que fija la indemnización que debe abonarse a un testigo que compareció a juicio o el auto que acuerde que el ejecutante devuelva lo indebidamente percibido en una ejecución provisional con posterior revocación de condena (art. 533) o el auto que condene en costas en diligencias preliminares (art. 260.3) o el auto que determine los daños y perjuicios que hubiera producido la medida cautelar revocada (art. 742)? Las resoluciones acabadas de exponer no aparecen incluidas en el art. 518 por lo que no resulta claro si en estos supuestos el plazo de caducidad de cinco años resulta aplicable o más bien debe acudirse al plazo de quince años que, en base a los arts. 1.964 y 1.971 del CC, se ha venido teniendo en cuenta tradicionalmente para solicitar el cumplimiento de sentencias, debiendo tenerse presente que, en este último caso, estamos ante un plazo de prescripción, no de caducidad, por lo que no puede declararse de oficio y admite interrupciones (y ello sin desconocer que existe un sector doctrinal que considera que el plazo que establece el art. 518 es también un plazo de prescripción y no de caducidad). A lo acabado de exponer se une la indudable dificultad de detectar materialmente la existencia o no en cada procedimento de alguno de los autos antes mencionados, pues exigiría el examen atento de miles de folios.

Igualmente, se puede dudar de cual sea el dies a quo para el cómputo de la caducidad en el caso de la acción ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de condena sin determinación individual de los beneficiados (art. 519 LEC), toda vez que para solicitar la ejecución de la sentencia en estos supuestos debe obtenerse previamente del Juzgado competente para la ejecución el reconocimiento, a través de auto, de la condición de beneficiario de la condena, auto con el que se puede instar la ejecución, es decir, después de ser firme la sentencia resulta necesario seguir un procedimiento previo para obtener el título formal de ejecución que permita plantear la acción ejecutiva, pudiendo dicho procedimiento previo prolongarse en el tiempo, máxime si se acuerda la práctica de pruebas y en la medida en que la ley no establece un plazo para su tramitación, a salvo, además, de los recursos que se puedan interponer contra el auto que reconozca o no la condición de beneficiario de la condena, incluido el recurso de apelación. Podría, también, dudarse de si el auto que se dicte reconociendo la condición de beneficiario de la condena constituye un nuevo título ejecutivo que, por no estar incluido en el art. 518, está sujeto al plazo de caducidad de quince años del art. 1.971 en relación con el art. 1.964 del CC.

- En el caso de sentencia condenatoria que impone al demandado condenado el cumplimiento de obligaciones de tracto sucesivo (pago de pensiones, prestación de alimentos, obligaciones periódicas de hacer o no hacer etc.) la jurisprudencia viene considerando que, si el condenado cumple en un inicio voluntariamente con las prestaciones periódicas pero con el trascurso del tiempo deja de cumplirlas, el plazo de caducidad de cinco años de la acción ejecutiva no se cuenta desde la firmeza de la sentencia condenatoria sino desde la fecha en que deja de cumplir la prestación periódica. Ello significa que en esta clase de sentencias condenatorias que imponen obligaciones de futuro difícilmente se puede declarar la caducidad de la acción ejecutiva mientras subsista la obligación de cumplimiento periódico y no conste al Juzgado su incumplimiento. A título de ejemplo ¿Cuándo caduca una sentencia que impone a uno de los cónyuges el abono de una pensión al otro y una determinada conducta periódica en relación a los hijos? Simplemente no se puede establecer a priori pues el plazo de caducidad empieza a contar desde el momento del incumplimiento si es que se produce.

- Tampoco aclara el RDMAJ cuándo se debe considerar expurgable el procedimiento en el que se ha acordado el despacho de ejecución pues de conformidad con lo que establece el art. 239 de la LEC no resultan aplicables los plazos de caducidad cuando ejercitada la acción ejecutiva se ha acordado la ejecución forzosa que “sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecutante” (art. 570). Estos procedimientos, por tanto, quedarán vivos indefinidamente, sin que puedan expurgarse aunque con el paso de los años resulte patente que no se van a practicar nuevas diligencias, lo que puede acarrear serios problemas de espacio en los archivos judiciales.

Los problemas acabados de esbozar respecto a la caducidad como paso previo para el expurgo de documentos judiciales, son con seguridad sólo algunos de los muchos que se pueden llegar a plantear en la práctica. Así, no se entra a valorar la antinomia existente entre el art. 518 de la LEC y el art. 1.971 del CC y la posible inaplicabilidad del primero de estos preceptos que predica un sector doctrinal, que considera que en los conflictos entre plazos de caducidad y plazos de prescripción, siendo los plazos de caducidad más breves, deben prevalecer los plazos de prescripción. Tampoco se entra en los problemas que pueda plantear la contradicción que algunos ven entre el contenido de los arts. 239 y 518 de la LEC (2), ni en los problemas y dudas que puede suscitar la caducidad en el procedimiento concursal por las peculiaridades que presenta, no sólo en lo relativo a su división en seis Secciones documentadas en las piezas separadas que sean necesarias o convenientes, pudiéndose producir paralizaciones indefinidas en unas piezas y no en otras o en alguno de los diversos incidentes que se pueden plantear (arts. 192 y siguientes de la Ley Concursal), sino también porque la declaración de conclusión del concurso a través de auto (art. 176 LC) no siempre supone, sin más, el archivo definitivo del procedimiento, pues el art. 179 prevé la reapertura del concurso dentro de los cinco años siguientes a su conclusión, declarada por inexistencia de bienes y derechos, si aparecen bienes del deudor que puedan servir para pagar los créditos de sus acreedores.

3) Prescripción. Menos problemas, a la hora del expurgo, parece plantear la prescripción de los delitos y faltas y la prescripción de las penas y medidas de seguridad. La problemática en este ámbito ha de ser básicamente de carácter sustantivo-procesal para quien detenta la función jurisdiccional decisoria, siendo múltiples los problemas de esta naturaleza que se pueden llegar a suscitar (prescripción en delitos continuados, prescripción en delitos permanentes, interrupción de la prescripción en casos de actuaciones procesales declaradas nulas etc. etc.). Ahora bien, también deben tenerse en cuenta, a la hora de los expurgos, los casos excepcionales de delitos que no prescriben y que, según el art. 131.4 del CP, son los de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Tampoco prescriben las penas en los casos acabados de reseñar (art. 133.2 CP). Ha de ponerse de relieve que dentro del genocidio se tipifica el delito de difusión de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos de genocidio cometidos con anterioridad o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos (art. 607.2 CP). En estos supuestos no se puede, por tanto, proceder al expurgo de procedimientos hasta el fallecimiento del acusado o condenado, que conllevaría la extinción de la responsabilidad criminal (art. 130 CP), sin que resulte aplicable el instituto de la prescripción.

En todo caso, la declaración de prescripción del delito o falta o bien de la pena o medida de seguridad puede no ser suficiente para considerar un procedimiento expurgable pues en este ámbito penal se reproducen algunos de los problemas antes reseñados respecto a los procedimientos civiles. Así, existe la posiblidad de que se inste una jura de cuenta (art. 242 LECrim.) o de que se interese una tasación de costas después de declarada la prescripción. También pueden existir piezas de convicción o cantidades dinerarias intervenidas o fianzas. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que si se declaran responsabilidades civiles en la sentencia deberá procederse a su ejecución de oficio (art. 988 LECrim.) por lo que a la vista del contenido de los arts. 239 y 570 de la LEC, anteriormente mencionados, no parecen expurgables los procedimientos penales que contengan pronunciamientos de pago de indemnizaciones mientras no sean satisfechas, lo que también dejaría vivas de manera indefinida muchas causas penales (3).

Conclusión

La aplicación práctica del RDMAJ resulta compleja, planteándose sin duda muchos más problemas de los que se acaban de resumir, como es fácil comprobar de una rápida lectura de su texto. Así, teniendo en cuenta que el art. 55.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español prohibe destruir documentos con “valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas o los entes públicos” ¿A quien corresponde examinar cada procedimiento para comprobar si contiene documentos de esa clase? ¿Basta con la publicación en algún Boletín Oficial de las relaciones de expedientes judiciales que se pretende expurgar (art. 16.1)? ¿Qué quiere decir el art. 15.2 cuando establece que el Archivo Territorial remitirá al Archivo de Gestión una relación de documentos en que hayan transcurrido los plazos de prescripción o caducidad para que el órgano judicial confirme el trascurso de los plazos? ¿Acaso se pretende que el órgano judicial declare la prescripción o la caducidad sin tener los autos a la vista o más bien se está pensando en un procedimiento electrónico o en una digitalización de toda la documentación?

En el RDMAJ se echa de menos una regulación detallada y separada por órganos judiciales de cómo debe procederse al expurgo de documentos, con normas específicas para el expurgo de las distintas clases de procedimientos que se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia, los que se tramitan en los Juzgados de Instrucción, los que se tramitan en las Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales etc. También se echa de menos la existencia de una cláusula general que establezca que, transcurrido un número determinado de años (¿20, 30?) desde la última actuación en el procedimiento, se procederá, en todo caso, al expurgo del expediente, pues debe tenerse en cuenta que la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español tampoco establece plazos concretos para que un documento pueda ser considerado histórico y, en consecuencia, deba pasar a un Archivo Histórico. Da la sensación de que al elaborarse la norma (RDMAJ) se es consciente de la dificultad de llevar a cabo el expurgo de documentos judiciales y de la responsabilidad que puede conllevar un expurgo indebido. Ante eso, parecería lógico que asumiese la responsabilidad el Estado, dictando normas que regulen la obligatoriedad del expurgo a partir de un número determinado de años de paralización del procedimiento, si es que se quiere instaurar un expurgo ágil. Pero parece que no se ha querido, se ha preferido pasar la patata caliente al Secretario Judicial y al órgano judicial para que determinen cuando ha finalizado una ejecución o se ha producido una caducidad o una prescripción, es decir, para que digan cuando cada uno de los miles de procedimentos que se conservan en los Juzgados se pueden expurgar y, por tanto, destruir, cuestión que no resulta nada sencilla.

A la vista de lo acabado de esbozar ¿Resulta realista presuponer que los órganos judiciales están en condiciones de asumir la labor de desenterrar miles de procedimientos judiciales archivados, examinar uno por uno y discernir si ha terminado la ejecución o razonar y declarar la existencia de caducidad o prescripción y todo ello, además, con intervención de las partes a las que, con frecuencia y con el transcurso de los años, habrá que localizar (incluso a sus herederos si las partes han fallecido)? Bien puede ocurrir que con afán de servicio público y una cierta dosis de valor o de imprudencia nos dediquemos en los órganos judiciales a realizar extensas listas de documentos expurgables que liberen espacio en los archivos pero ¿Qué ocurre si se destruye algún documento que no se debió de destruir? ¿En qué responsabilidad puede incurrir el autor de la lista de expurgo? Parece humano que, ante la duda, haya quien opte por considerar que ningún procedimiento es expurgable porque no está seguro de que esté completamente ejecutado, caducado o prescrito.

Lugo, diciembre de 2007


(*) Alberto García Tobío es Secretario Judicial

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(1) Véase el art. 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, conforme al cual “cuando la presentación de la solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se realice antes de iniciar el proceso y la acción pueda resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de prescripción, quedará ésta interrumpida”, añadiendo que “el cómputo del plazo de prescripción se reanudará desde la notificación al solicitante de la designación provisional de abogado por el Colegio de Abogados o, en su caso, desde la notificación del reconocimiento o denegación del derecho …”

(2) Si la acción ejecutiva fundada en sentencia caduca a los cinco años (art. 518 LEC) parece inútil que se declare que no caduca la instancia en la ejecución (art. 239 LEC) pues las actuaciones que se llevan a cabo en una ejecución forzosa tienen su base precisamente en esa acción ejecutiva que caduca a los cinco años.

(3) Recientemente, en la Audiencia Provincial de Lugo, se ha solicitado la ejecución de responsabilidades civiles en una causa penal de 1970, es decir, de hace 37 años: un condenado por homicidio, insolvente antes y solvente ahora. La causa no había sido expurgada.
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