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Actualidad profesional : ENTENDER EL PROYECTO IV. LA EJECUCION CIVIL
Enviado por Secretariado el 16 marzo 2009 (3064 Lecturas)

En materia de ejecución civil la reforma procesal que el proyecto postula es el desarrollo del art 456.3.a) de la LOPJ que ya atribuye con carácter general las competencias en materia de ejecución al Secretario Judicial. Esta atribución es imprescindible para poder aplicar los nuevos esquemas estructurales de la oficina judicial, pues no olvidemos que en los Servicios Comunes a crear, no está previsto que estén destinados miembros de la carrera judicial, y sin duda uno de los Servicios Comunes de mayor trascendencia será el de ejecución civil, como natural consecuencia del otorgamiento de estas funciones al Secretario Judicial.



Se ha modificado profundamente el Libro III de la LEC para tratar de delimitar claramente las competencias que pueden ser asumidas por los secretarios judiciales de aquellas otras cuyas decisiones han de quedar residenciadas en los jueces. Sinceramente creemos que nunca el secretario judicial ha tenido en un texto legal tan claramente recogidas unas competencias que conformen un ámbito de decisión propio, sin ser un proyecto que agote ni con mucho todas las posibilidades de este Cuerpo, y de ahí que la propia Exposición de Motivos afirme que con ello se han "otorgado a los Secretarios Judiciales la mayor parte de las actuaciones del proceso de ejecución".
Entrando en el detalle de los extremos principales reformados, y sin ánimo de relacionar sino los más trascendentes aspectos, cabe destacar:



Terminología: En multitud de preceptos de la LEC se ha sustituido sistemáticamente la expresión "resoluciones judiciales" por la más amplia de "resoluciones procesales", al objeto de dar cabida tanto a las de los jueces (providencias y autos) como a las propias de los secretarios judiciales (decretos y diligencias de ordenación, y resto de diligencias). Este cambio de redacción es especialmente significativo en el art 517 LEC, pues declara expresamente que las resoluciones del secretario llevan aparejada ejecución dándole naturaleza de título ejecutivo.

Ejecución provisional: En este ámbito se ha introducido el pago como una nueva causa de oposición a la ejecución provisional, que ha de ser acreditado documentalmente, y junto al pago, la posible existencia de pactos ultimados en el proceso para evitar la ejecución provisional. En los casos de ejecuciones provisionales de condenas no dinerarias, el secretario por decreto habrá de rechazar las oposiciones a la ejecución que no vayan acompañadas de propuesta de medidas alternativas o de caución. La suspensión de la ejecución provisional ha de ser acordada por decreto en caso de pago de las cantidades debidas, así como la continuación de esta ejecución en su caso, también por decreto.
En este tipo de ejecución provisional, de ser revocada la sentencia en la apelación, corresponde al secretario adoptar las medidas para lograr el reintegro de cantidades recibidas por el ejecutante provisional, así como el sobreseimiento de la propia ejecución provisional.

Costas: Se da nueva redacción al importante art 539 LEC sobre costas en materia de ejecución para dar cabida a las resoluciones del secretario en materia de costas.


Sucesión procesal: Habrá de celebrarse comparecencia ante el secretario de todas las partes en los casos de sucesión procesal en ejecución, si no consta ya ésta en documentos fehacientes.

Orden general de ejecución y decreto de medidas ejecutivas concretas: De especial trascendencia resulta la reforma operada en el art 545 LEC; en el mismo, después de crear una resolución inicial para cualquier ejecución llamada orden general de ejecución a cargo del juez en forma de auto, todas las medidas ejecutivas precisas para la efectividad del despacho de ejecución quedan ya en manos del secretario, desde la concreción de los bienes objeto de embargo hasta cualesquiera otras necesarias. Todas estas resoluciones tendrán forma de decreto.
El art 551 LEC establece el modo de articular las dos resoluciones iniciales de la ejecución: el auto constitutivo de la orden general de la ejecución (con un nuevo contenido en el que por ejemplo se ha de detallar si la ejecución es mancomunada o solidaria) y el decreto del secretario que precisa las medidas ejecutivas concretas. Ambas resoluciones son prácticamente simultáneas y han de ser notificadas a la parte ejecutada a la vez. Se concreta en la ley que las medidas ejecutivas adoptadas no necesitan para ser ejecutorias ni la notificación de las resoluciones al ejecutado ni que éste sea oído.

Acumulación de ejecuciones: Se otorgan al secretario las decisiones en materia de acumulación de ejecuciones.

Embargos: Se entenderá hecho desde que lo decrete el secretario y éste puede poner multas coercitivas en caso de que el ejecutado no designe bienes tras ser requerido. Corresponde al secretario valorar, de acuerdo con los elementos que posea en cada caso, si los bienes a embargar pueden o no pertenecer al ejecutado.

Tercería de dominio: Ha de interponerse ante el secretario responsable de la ejecución que decide sobre su admisión manteniéndose el juicio ordinario como el procedimiento para su sustanciación.

Mejora, reducción y modificación de embargos: conforme al art 612 LEC se adoptan por el secretario por decreto. Igualmente corresponde al secretario adoptar las decisiones pertinentes sobre la adopción o no de la medida de administración judicial en garantía del embargo de frutos y rentas.

Subastas: Todas las actuaciones referidas a subastas tanto de muebles, como de inmuebles sean o no hipotecarias, son competencia del secretario: convocatoria, publicidad de la subasta, celebración de la subasta y decisiones a adoptar en su transcurso en función a las diferentes posturas, alzamientos de embargos, destino a dar a las cantidades obtenidas, informaciones de cargas, subastas simultáneas, rendición de cuentas del acreedor en casos de administración para pago, etc. La aprobación del remate y la adjudicación tendrán forma de Decreto.

Ejecución no dineraria: Las medidas de garantía a adoptarse en caso de que el obligado a hacer, no hacer o dar alguna cosa, no lo hiciera efectivo de inmediato han de adoptarse por el secretario. En caso de entrega de cosa determinada, podrá el secretario adoptar todas las medidas de ejecución forzosa precisas para poner al ejecutante en poder de la cosa con auxilio de la fuerza pública si es preciso. Únicamente acudirá al juez para adoptar la medida de entrada forzosa en lugar cerrado.

Otras actuaciones ejecutivas: En los casos de ejecución por saldo de operaciones y de ejecución en casos de intereses variables, en las cuales se hace precisa una tarea previa de liquidación, puede el secretario acordar la designación de perito que dictamine, resolviendo por decreto el secretario la liquidación tras traslado del dictamen a las partes. En caso de embargo de empresas o grupos de empresas, corresponde al secretario por decreto establecer los términos de la administración judicial, que podría incluir el nombramiento de un interventor designado por las empresas embargadas. Todas las actuaciones propias de la realización de bienes por medio del llamado convenio de realización y a través de persona o entidad especializada, quedan otorgadas al secretario con la comparecencia preceptiva en su caso con el ejecutante y ejecutado.

Recursos: Aun cuando no se establece como regla general el control de los decretos que en el seno de la ejecución dicta el secretario judicial mediante el recurso de revisión (por los efectos perniciosos que la interposición constante y reiterada de los mismos pueda producir en la misma, sí se ha previsto específicamente tal recurso en aquellos supuestos en que pueda derivarse mayor perjuicio para los derechos de los afectados, como en la enajenación o gravamen de bienes, aprobación del remate por valor inferior al 30 % o al 50% del avalúo o en el embargo de garantía (artículos 632, 650.4, 670.4, 700).
No obstante, en estos casos se ha admitido la posibilidad no sólo del recurso de revisión sino también del recurso de reposición para que el secretario judicial pueda, con carácter previo a la revisión, replantearse la decisión adoptada.


La Unión Progresista de Secretarios Judiciales confía en que a lo largo de la tramitación parlamentaria del Proyecto, la redacción se mantenga sin retroceder ni un milímetro en las competencias que nos han sido reconocidas, y que, por el contrario, puedan incluso ampliarse a algunos incidentes en ejecución de sentencia, como pueden ser los de liquidación de intereses y de daños y perjuicios, según estamos interesando ante las distintas comisiones de justicia de los Grupos Parlamentarios.


 


 


 


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