La edición digital de dicho artículo es mas resumida que la publicada en papel, pero en esencia estos son los hechos a tener en cuenta. Mientras leía ese artículo periodístico me preguntaba que conclusiones extraería de su contenido cualquier persona que no tuviese relación o trabajase en la Administración de Justicia y pensé que seguramente serían: una mujer fue asesinada, el Juzgado no hizo lo que debía hacer y (concluyamos) “alguien” tiene que responder de eso. Todas esas cuestiones acerca del volumen de trabajo no serían sino las típicas y manidas excusas que habitualmente utilizan todos los funcionarios públicos para tratar de “quitarse de enmedio” cuando sencillamente han fallado en su trabajo y tratan de encubrir que realmente, no dan ni golpe.

Desde luego semejante conclusión está apoyada por las declaraciones que cualquier “responsable” político habitualmente hace ante hechos de este tipo: “Se depurarán todas las responsabilidades correspondientes” es lo que normalmente se puede leer ya sea dicho por algún miembro del Gobierno, del C.G.P.J o de otras instituciones del Estado. Por supuesto todo el mundo entiende meridianamente que eso lo que significa es que se van a abrir expedientes disciplinarios para sancionar a todos los funcionarios públicos que hayan tenido algo que ver con el resultado que mediáticamente llama la atención en un momento dado; de hecho el “todos” queda reducido a que invariablemente los expedientes se aperturan contra el Juez y el Secretario del órgano de que se trate porque del resto de posibles responsables nunca se tendrá noticia. Parece que con esto se viene a decir: “Es lo único que podemos hacer como responsables políticos de algunas de las parcelas de la Administración de Justicia y como pueden ver, queridos ciudadanos, no nos estamos de brazos cruzados cuando pasan estas cosas y no dudamos en imponer las sanciones procedentes” ; además con semejante fórmula se consiguen dos mágicos efectos: identificar a unos “culpables” concretos para el linchamiento mediático correspondiente y, por supuesto, dar por sobreentendido que ellos no tienen ninguna responsabilidad cuando se producen hechos lamentables.

Sin embargo, cuando leí esa noticia la conclusión a la que llegué me temo que es bastante distinta (y que creo que sería compartida por cualquiera que trabaje en la Administración de Justicia): ese Juzgado estaba, como se dice en el mundillo judicial, “hundido”; seguramente tendría muchos asuntos en igual o peor situación procesal que el que nos ocupa. Como tantos y tantos otros asuntos en muchísimos otros Juzgados. Solo cuando se produce algún resultado extraordinariamente grave es cuando las manos se llevan a la cabeza; el resto del tiempo, y a pesar de que tales situaciones son notorias, está dedicado al más profundo sesteo.

El problema es la simplificación de cualquier problema que se hace en los medios de comunicación. Con relación a este concreto asunto un periódico puede dedicarle al mismo media página un día y si hay alguna novedad en los días siguientes añadamos algún espacio más; en una emisora de radio ocupará escasos minutos en una tertulia mereciendo todo lo más alguna frase lapidaria que mágicamente determina responsabilidades y aporta “la” receta para evitar situaciones parecidas. El proceso se repetirá inevitablemente cuando surja el siguiente caso escandaloso (lo que en los últimos tiempos no se hace esperar demasiado).

Bien, ahora trataré de explicar porqué las lectura de esas pocas frases de un artículo periodístico me da una idea bastante exacta de la situación de ese Juzgado y de las causas de los fallos, y porqué entiendo que esas son las piezas que faltan para entender este tipo de rompecabezas.

Normalmente un Juzgado se encuentra en una situación desastrosa debido al volumen de trabajo porque éste da inicio a un proceso de retroalimentación del desastre: como se carece de la más mínima flexibilidad organizativa es algo completamente normal que dentro de una misma provincia unos mismos tipos de órganos tengan el doble o triple de trabajo que otros aunque el personal sea el mismo. Por supuesto que en cualquier empresa las diversas factorías tendrán los mismos recursos para atender el mismo volumen de pedidos, pero eso no sucede ni lejanamente en el Administración de Justicia. Cuando la situación se torna insostenible empiezan los traslados de los funcionarios, lo que a su vez empeora más la situación; es perfectamente posible que aparezcan como funcionarios interinos personas con tan buena voluntad como nula preparación: pongamos por caso un bibliotecario que, por supuesto, jamás pisó un Juzgado ni ha visto un procedimiento judicial y para el cual las leyes procesales son poco menos que un arcano.

A partir de ese momento solo se puede empeorar hasta el infinito: cuando un Juzgado tiene “mala fama” se convierte en objeto de trabajo del Servicio de Inspección del C.G.P.J. y... ya está irremediablemente condenado; antes de que el mismo acuda al órgano éste debe elaborar una voluminosa documentación para tenerla a disposición del mismo, lo que suele requerir de una a dos semanas de trabajo exclusivo. Algo así como si a un enfermo postrado en cama se le dice que antes de recibir la visita del doctor tiene que realizar unas cuantas flexiones para estar preparado. Bien, llega la Inspección y concluye que la situación es insostenible como en este caso, y ahora ¿?...pues más trabajo porque periódicamente el órgano tendrá que facilitar una serie de informaciones de muy trabajosa obtención para conocer la evolución de los asuntos existentes. Siguiendo con el símil médico es de suponer que el enfermo, después de la visita, esperaría recibir algún tipo de tratamiento o medicinas; pues no, hay que hacer más “ejercicio”. Pero entonces ¿quien tiene que recetar las medicinas?. En el caso que nos ocupa: si en noviembre de 2007 se detecta esa desastrosa situación (para lo cual hubiera bastado con observar la estadística, sin inspección alguna) ¿alguien hizo algo para remediarla? Observo además que el volumen de entrada de asuntos duplicaba lo razonable ya en el año 2006, con lo cual parece que sin duda se consideró preferible la eutanasia pasiva.

Bien, ahora entramos en otro curioso apartado de nuestra “visita médica”: resulta que el médico que hace el diagnóstico (C.G.P.J.) no receta las medicinas, porque eso corresponde según el tipo de medicamento al Ministerio de Justicia y a las CC.AA. Claro, que tampoco sabemos si el primero dijo algo a los segundos sobre el asunto (diría que no porque es lo normal) y en cualquier caso me gustaría saber para que sirve la estadística judicial: durante dos años ese órgano duplicaba el volumen aceptable de entrada de asuntos: ¿nadie observó eso? Desde luego, lo que nadie hizo fue algo por remediar la situación.

Pero hay otra frase en el artículo periodístico que da muy buenas pistas sobre el porqué de ese extraordinario incremento del volumen de asuntos: “La asunción de casos de violencia doméstica en dicha sede judicial causó una saturación de trabajo...”. Vamos a traducir lo que significa esa frase: con relación a la violencia doméstica nuestros políticos llevan bastante tiempo tomándole el pelo a todo el mundo; se anunció a bombo y platillo que esos asuntos serían asumidos por “Juzgados especializados” y en el 90% de los casos esa especialización consiste en que uno de los Juzgados del Partido asume esos asuntos...junto con los demás. Es más: lo normal que es ese sea el Juzgado con mayor movilidad de personal de modo que muchas veces es el primer destino de un Juez y un Secretario Judicial. Bien, aplicando esos criterios de “especialización” también habría Juzgados “especializados” en la llevanza del Registro Civil en todos los Partidos Judiciales.

Y aparte de eso hay otra circunstancia que nunca se menciona: la nueva regulación legal de la violencia doméstica establecía nuevos delitos, medidas cautelares, etc. Recientemente se ha aprobado una modificación del Código Penal que también convierte en delito bastantes conductas que antes no lo eran. ¿Se hizo algún estudio sobre la repercusión que eso supone en la carga de trabajo de los órganos penales? Por supuesto que no ¡nunca se hace!; parece que nuestras “cadenas de producción” tienen una capacidad y versatilidad ilimitadas y serían la envidia de un fabricante de automóviles: podemos fabricar los nuevos modelos a la vez que los antiguos con el mismo personal y en la misma cadena de montaje; nunca es necesario hacer ningún estudio de adaptación o repercusión. Y si recordamos ahora que hubo una vez un “Libro Blanco de la Justicia”, un “Pacto de Estado por la Justicia”, sucesivos anuncios de la inmimente y total reforma de la Oficina Judicial y vemos que, en realidad, todo sigue casi igual que hace más de veinte años creo yo que también de esa clamorosa “falta de celo” en el trabajo habría “responsables”.

Llama también la atención que en las últimas semanas hayamos asistido al descubrimiento de la existencia de las ejecutorias por parte de todos los responsables políticos. Siempre estuvieron ahí...para quien quisiese mirar. El fenómeno es bien conocido: la prensa se hace eco de una situación (el penoso estado de la ejecución de las resoluciones en la Administración de Justicia) con más o menos exactitud. Cunde el nerviosismo en los responsables políticos y se anuncian con manifiesta precipitación estudios y medidas; no falta nunca algún punto jugado al modo tenístico, con bola para otro campo (la culpa siempre es ajena y cada uno ha hecho todo lo que tiene que hacer) y al final, cuando el asunto ya no sea noticia, las ejecutorias volverán a su somnolencia habitual.

Pues bien, y al final de todo esto ¿quién es responsable de lo mal que funcionaba ese Juzgado? Los de siempre, me temo: “Detenga a los sospechosos habituales” es ya frase histórica en el cine. En cuanto a los demás, o bien quedan santificados por las urnas (Ministerio de Justicia y CC.AA) o bien lo son por su intermedio (C.G.P.J.).

Juan Calzado Juliá

Secretario Judicial