A partir de la trágica muerte de la pequeña Mari Luz, todos los ojos de los ciudadanos han detenido su mirada en la justicia española, pero no brevemente como en otras ocasiones sino durante meses, y aún siguen ahí. Esto ha hecho que se agiten los políticos, tanto centrales como autonómicos, se alcen las voces de los intervinientes, ya sea los de una orilla (ciudadanos-usuarios) como los de la otra, funcionarios públicos que trabajamos en justicia (secretarios, jueces, gestores, fiscales, tramitadores...); que todos señalen los males mil veces dichos y nombrados y perfectamente diagnosticados, pero nunca se sale de ellos, cual si estuviéramos en medio del salón de la película "El ángel exterminador" de Luis Buñuel.
Bien, pues el legado de Mari Luz, y de todas las injusticias que nuestro sistema judicial decimonónico y terminal produce, debiera ser el decidido compromiso de todos, políticos, usuarios y trabajadores, de poner fin a esta situación para lo cuál se precisa de una amplitud de miras que, no solo no se atisba, sino que no parece se este dispuesto a tener.
Efectivamente, el mundo de la justicia, como una vez oí decir al exministro López Aguilar, está compuesto de tribus: secretarios, notarios, jueces, fiscales, abogados del estado, etc. Y tribus que en muchas ocasiones han aparecido enfrentados; lógico pues nuestras funciones se interrelacionan y convergen como las intersecciones de los conjuntos que estudiábamos en matemáticas hace años ya.
Pero, en mi opinión, hay uno de ellos especialmente reacio a renunciar a prebendas corporativas del pasado, de un pasado cercano al cine de "blanco y negro" que protagonizaban actores de raza como Alfredo Mayo. Que se niegan a evolucionar en los modernos postulados, hoy obvios, de división y racionalización del trabajo, aunque eso pueda ir en contra de lo que sería un servicio público de justicia ágil y eficaz, que justamente es de lo que adolece el sistema judicial actual.
Me estoy refiriendo a la judicatura. No a todos los jueces, pues hay excepciones para todo, sino a ese alma de la misma.
Efectivamente, ya desde el 1994, en los borradores de una "non nata" reforma de LOPJ, y ante la posibilidad de eliminar la superior dirección de los jueces en los juzgados, la "mayoritaria" y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), lanzó un ataque brutal en sus informes con una frase demoledora: "¿Qué ocurrirá (en el supuesto de tal desaparición de la superior dirección) cuando el Secretario Judicial no pueda, no sepa o no quiera?"....
Recordar aquí que el Juez Sr. Tirado es un asociado de la mencionada A.P.M. . Es más, esta misma asociación en el informe que envió en el 2008 a la Comisión Disciplinaria del C.G.P.J. en relación con el caso "Mari Luz", derivaba la responsabilidad del mismo hacia la Secretario Judicial de ese juzgado, curiosamente, obviando el Art. 456 de LOPJ, que remite y "deja en suspenso" el impulso material del proceso a dar por los secretarios a lo que disponga las Leyes Procesales, de las que más adelante hablaré.
Pero este ejemplo de ataque no es el único a la intención del gobierno de llevar adelante la reforma iniciada en el 2003 y que convierte al Secretario Judicial en piedra angular de la misma.
Efectivamente, años llevan los Jueces Decanos de España, al menos de las ciudades donde están liberados de funciones jurisdiccionales, intentando lo que, en mi opinión, sería una contrarreforma, y ser ellos los encargados de dirigir los servicios comunes, función esta encomendada por la LOPJ a los Secretarios desde Diciembre del 2003.
Curiosamente piden medios pero no solicitan, en aras del bien del ciudadano (lema este utilizado en su reciente huelga), que esos decanos deban también poder dictar sentencias y dedicarse "a lo jurisdiccional" en lugar de dirigir servicios comunes. Curioso.
En este punto nos encontramos con una propuesta de reforma de la justicia en la que, siguiendo las directrices de la Unión Europea (año 1986) así como las del las del Libro Blanco de la Justicia (CGPJ), el gobierno de España, presenta un proyecto de reforma de las leyes procesales para dividir el trabajo y utilizar al Secretario judicial más preparado de Europa, y que es el otro cuerpo Superior de Justicia junto con jueces y fiscales, optimizándose así los recursos de los que dispone el Estado.
Pues bien, tal proyecto es atacado de forma feroz por el informe que realiza el C.G.P.J., y que, en mi opinión, tiene un rancio aroma corporativo o corporativista. Más aún me llama la atención que, sin no me equivoco, fue aprobado por unanimidad a pesar de que un vocal del mismo es Secretario Judicial.
Y después, la huelga de jueces reciente y la amenaza de la venidera que, en uno de sus puntos fundamentales, solicita no desprenderse de la atribución de realizar los señalamientos, encargados a un servicio común y en el modo y manera que prevé el Art. 182 de LEC en ese proyecto. Y justo durante la tramitación parlamentaria. Más curioso aún.
Este panorama, más la diaria realidad de los juzgados, me hace pensar que nos encontramos ante un descomunal ataque de la judicatura contra cualquier reforma que suponga división del trabajo y no delegación por vía de hecho y posterior firma del "jurisdiccional" juez de turno. Eso sí, los dos años de sanción serán para el Secretario Judicial y no para el ejerciente de la jurisdicción.
Ante esa tesitura creo que, con base en los arts. 9.3 y 25 de la Constitución Española, debe cumplirse estrictamente la ley y los Secretarios Judiciales aquietar su actividad estrictamente a la misma, hasta que la ley procesal, cuyo proyecto esta siendo atacado, nos atribuya las funciones que el pueblo español, SOBERANO, decida crear, a través del Congreso de Diputados, pues sólo aquel es quién puede decir cuál sea el modelo de justicia que debe regir en España y no quienes dicen ser otro poder del Estado.
Los Secretarios estamos callados; ¿hasta cuándo? ¿cuándo no responderemos a los ataques que sufre el "nasciturus" que hoy esta en el parlamento?.
EMILIO LOPEZ DURAN
EX - PORTAVOZ DE U.P.S.J.
Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción nº 54 de Madrid.
