Con ocasión de la huelga de funcionarios de la administración de justicia de Galicia, los Letrados de la Administración de Justicia destinados en dicho territorio han recibido un correo remitido el pasado día 5 de febrero y otros sucesivos con acuerdo de la Secretaria de Gobierno del TSJ de Galicia en el que se impone una serie de obligaciones relacionadas con el deber de colaboración con la administración autonómica.

En concreto, remitir todos los días entre las 9:00 y las 9:15 horas un parte indicando qué funcionarios están segundando la huelga, así como notificar personalmente a los funcionarios que deben cumplir los servicios mínimos. Igualmente, que en caso de no poder notificárselo por no estar presentes por motivo de la huelga, encomendárselo a los que estén presentes ese día para la semana siguiente. Téngase en cuenta que los funcionarios no están en la oficina a nuestra disposición, sino ejerciendo muchos de ellos su derecho de huelga.

Desde luego entendemos que el deber de colaboración no puede alcanzar realizar tales funciones, especialmente teniendo en cuenta que al existir en Galicia un sistema de fichaje horario con firma digital (el Kronos) y un sistema electrónico para la petición de días de permiso (el Opax), la Xunta de Galicia tiene perfecto conocimiento de cuantos y cuales funcionarios asisten a su puesto de trabajo, y si los que faltan han solicitado permisos, vacaciones y licencias o no.

Es evidente que la gestión de personal le corresponde en este caso a la Comunidad Autónoma, que no ha creado unidades administrativas de las previstas en la LOPJ porque no quiso. Aun así, la administración autonómica dispone de medios suficientes para cumplir con esas funciones.

Es por ello absolutamente innecesario acudir a la colaboración solicitada por la Dirección Xeral de Xustiza e implicar a los Letrados de la Administración de Justicia en el seguimiento de una huelga. Nuestros superiores jerárquicos deberían saber que su función no consiste en aceptar acríticamente toda petición de colaboración, y que deben velar también por los intereses de sus subordinados.

Es un recurso demasiado fácil tirar siempre del cuerpo para todo y, evidentemente, sin ningún tipo de compensación económica.