Se ha celebrado en la ciudad de Barcelona el I Congreso sobre Economía y Justicia, organizado por el Consejo de Procuradores de Cataluña, el Colegio de Procuradores de Barcelona y el Consejo General de Procuradores de España.

El evento inaugurado por el Ministro de Justicia Rafael Català abordó desde distintos puntos de vista posibles soluciones para alcanzar una ejecución civil de sentencias más eficiente y más ágil. El tema se abordó a partir de un estudio elaborado por la Cámara de Comercio  y la Universidad de Barcelona, a partir de datos extraídos de las  estadísticas publicadas por el CGPJ para concluir en las graves consecuencias que tanto a nivel empresarial como en el sistema bancario,  se generan como consecuencia de la ineficiencia en el sistema de ejecuciones civiles y mercantiles.

Los ponentes que intervinieron a lo largo del Congreso presentaron distintos puntos de vista de una misma realidad, si bien la mayoría de ellas encaminadas a proponer la asignación de funciones que actualmente se realizan por los Letrados de la Administración de Justicia a los Procuradores, en una doble condición de profesionales liberales y agentes de la autoridad.

Entre los ponentes que se acercaron al examen de la situación de las ejecuciones destacamos la presentación de la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, de la Generalitat de Catalunya quien expuso las mejoras alcanzadas en materia de ejecución de manera clara, contrastada y con total objetividad, a partir de datos reales a la fecha actual, desde el conocimiento interno de la Administración de Justicia, y sin atender a necesidades corporativas. Fue una fotografía de la situación real en Catalunya desde que se han venido implantando los Servicios Comunes de Ejecución de la oficina judicial (con excepción del de Girona) y que han conducido a una mejora notable de la ejecución, con reducción en los tiempos de espera y llegando a incrementarse el número de ejecuciones resueltas en un 46% en los últimos tres años. Así mismo coincidió con otros ponentes en la escasez de medios tanto materiales como personales.

A estas alturas, a la vista de las estadísticas resultantes tras cada nueva implantación de Oficina Judicial, nadie duda que éste es a corto plazo un  elemento modernizador y de mejora en la gestión de los escasos medios personales y materiales de que dispone nuestra justicia. El propio estudio, elaborado por la Cámara de Comercio de Barcelona a instancias de los organizadores del Congreso, concluye que la figura que en España más se acerca al agente de ejecución es el Letrado de la Administración de Justicia, sin que la equiparación de figuras sea total dado que nuestro Letrado tiene asignadas otras tareas a las que el ordenamiento jurídico en principio da mayor prioridad. A partir de esta premisa, el mismo estudio concluye que España dispone de menos agentes de ejecución por ejecuciones ingresadas que en aquellos países que nos superan en eficacia judicial. A este déficit, hay que unir el déficit en el número de personal de auxilio que también es menor al de los países de nuestro entorno.  En cuanto a los medios materiales, reiteradamente los propios representantes de los Procuradores destacan el esfuerzo económico que estos 10.000 profesionales han tenido que realizar para adaptarse a las nuevas tecnologías, sin embargo, el Ministerio de Justicia no ha realizado este esfuerzo económico en medida suficiente sobre la Administración de Justicia.

Desde el punto de vista de quienes somos Letrados de la Administración de Justicia y tenemos encomendada por ley la ejecución de las resoluciones judiciales y no judiciales, una vez dictada la Orden de ejecución, y con la colaboración de los equipos de trabajo que integran las oficinas judiciales, una mayor eficiencia en el ámbito de las ejecuciones pasaría por contar primero con la implantación total de la Oficina Judicial, segundo que esta Oficina Judicial fuera diseñada otorgando la debida importancia a los Servicios comunes de Ejecución, con la suficiente dotación de Letrados de la Administración de Justicia- y no la actual infradotación-, convocando plazas de Directores con perfiles profesionales y económicos atractivos (muchos de los concursos quedan hoy desiertos puesto      que la retribución económica asignada no responde a la responsabilidad y carga de trabajo de estos servicios básicos para la eficacia y eficiencia en al ejecución), y tercero, una mejora cualitativa y cuantitativa en los medios materiales, para empezar e incidiendo en el tema concreto de la ejecución que nos ocupa, es imprescindible mejorar la base de datos para que nos ofrezca a nosotros y a los profesionales una información actualizada y más entendible de la situación patrimonial del deudor, al estilo de la que dispone la AEAT.

Entendemos que cuando estas condiciones se cumplan, y se demuestre la ineficacia de gestión pública de la justicia, representada por el Letrado de la Administración de Justicia como funcionario, será el momento de plantear a la ciudadanía, la necesidad de privatizar e instaurar un doble nivel dentro de la Justicia, que responda al potencial económico del usuario del servicio.

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