EL EFECTO MARIPOSA APLICADO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El efecto mariposa implica que si en un sistema se produce una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, podrá generar un efecto considerablemente grande a corto o mediano plazo de tiempo.

Esta interrelación de causa-efecto se da en todos los eventos de la vida. Un pequeño cambio puede generar grandes resultados o hipotéticamente: “el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York”.

De la misma forma una gestión inadecuada por los responsables de las instituciones económicas puede acarrear consecuencias negativas para la Administración de Justicia.

En los Juzgados de Primera Instancia se ha producido en los últimos años un incremento notable de demandas interpuestas por consumidores contra entidades bancarias (principalmente antiguas Cajas de Ahorro como Bankia, Catalunya Caixa, Caixa Galicia o CaixaNova) sobre participaciones preferentes, swaps, adquisición de acciones, abusos en las cláusulas multidivisa o cláusulas suelo, etc.

La razón de éste incremento de demandas, recordemos que hace diez años apenas se registraban demandas de este tipo, la encontramos en que los organismos e instituciones como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ministerio de Economía, etc. que tenían que regular y controlar a las entidades financieras no han actuado de forma correcta, cortando de raíz malas prácticas, con consecuencias gravísimas para miles de personas.

En otras ocasiones dichos organismos han sido extremadamente suaves con los poderes políticos, plegándose a sus deseos sin ser el contrapeso para el que fueron diseñados, o haciendo tarde y mal su función, cuando ya no tiene eficacia real. Y todos o casi todos, están ocupados por personas designadas por los grandes partidos políticos, que han colonizado estas instituciones y las han sujetado a su control, desactivándolas y empequeñeciéndolas.

Al comienzo de la crisis económica hay dos fuerzas contrarias en lucha: la del interés del cliente minorista (para el que el producto será cada vez menos conveniente y más peligroso) y el interés, o más bien, la imperiosa necesidad de capitalización de bancos y cajas de ahorro. Esta segunda fuerza se impone claramente. Las normas que hubieron debido proteger al consumidor (como la Directiva MiFID), fueron sistemáticamente ignoradas por las entidades financieras. El Gobierno no actuó y los reguladores Banco de España y CNMV que debieron haberlo detectado y evitado, sencillamente tampoco lo hicieron.

Algunas entidades financieras españolas vulneraron toda la normativa de protección y salvaguarda del cliente minorista. No discriminaron entre sus clientes y colocaron los productos a todo el que pudieron, independientemente de sus necesidades o perfil inversor: jubilados, parados, pequeñas empresas, personas con ahorros por haber cobrado una indemnización o herencia, en resumen gente con evidente falta de cultura financiera para comprender estos riesgos.

La CNMV se limitó a hacer diversas advertencias acerca del riesgo de desprotección que soportan los inversores por razón de las agresivas técnicas de comercialización y la dificultad para los clientes de entender algunos productos como las participaciones preferentes, pero esas advertencias fueron de baja intensidad. Se hicieron en farragosos documentos que publicaban en su página web, los cuales era y es perfectamente conocido que ningún inversor minorista consultaba ni entendía.

En cuanto a las permutas financieras o swaps, el Defensor del Pueblo en un informe del 2012 manifestó que el Banco de España se inclinó habitualmente del lado del más fuerte, es decir, de la entidad financiera. El supervisor considero incompatibles la solvencia del sistema bancario y la protección del cliente, y se inclinó por proteger aquélla en detrimento de los derechos de los consumidores, es decir, el Banco de España se comportó como un aliado de la banca contra el ciudadano de a pie.

Respecto de las demandas en reclamación de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones de Bankia, normalmente la entidad demandada se opone y además intenta dilatar las actuaciones solicitando la suspensión por cuestión prejudicial penal, impugna la cuantía, etc. pero la práctica totalidad de las sentencias dan la razón al demandante consumidor, entonces el BFA Banco Financiero y de Ahorros (que es el “banco malo” de Bankia, fruto de la unión de siete cajas de ahorro: Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias,Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segoviay Caja Rioja) consigna en el Juzgado el importe de la condena, en conclusión, el resultado en términos de perjudicado o beneficiado para cada uno de los intervinientes es el siguiente:

  • El consumidor: Consigue recuperar su dinero, por tanto, queda neutro (ni gana ni pierde), salvo el disgusto de verse arrastrado a un pleito para recuperar sus ahorros.
  • El BFA: Resulta perjudicado porque es quien abona la cantidad reclamada incluidas las costas. Es decir, todos los ciudadanos porque se nutre con los impuestos.
  • Bankia actual: Queda neutra, porque al ser productos anteriores a su intervención no asume sus consecuencias, por dicha razón paga el BFA.
  • El Ministerio de Economía, Banco de España, CNMV: Resultan neutras, porque el pleito no va con ellos.
  • La Administración de Justicia: resulta perjudicada porque se ve sobrecargada de trabajo con escasos medios para hacer frente al incremento de demandas.
  • Abogados y procuradores de los demandantes: Resultan beneficiados porque perciben el importe de sus honorarios a través de las costas tasadas y aprobadas.

Acudir a la justicia ha sido y sigue siendo el camino para combatir los abusos, pero ésta no tiene precisamente una sobreabundancia de medios. La justicia debería ser el último recurso y no el único recurso como es ahora por haberse desactivado todos los demás sistemas de protección, porque en ese caso el recurrir a ella corre el peligro de utilizarse como coartada para la parte fuerte, ya se sabe, el socorrido “si tiene usted alguna queja acuda a los tribunales”.

En conclusión, las autoridades económicas, a través de las distintas instituciones que la conforman, han provocado miles de pleitos y reclamaciones judiciales, con el consiguiente colapso de la Administración de Justicia y simultáneamente han sido tremendamente cicateros con los medios asignados a la propia Administración de Justicia, que es quien está intentando resolver el problema de miles de consumidores.

Lo que no se comprende a estas alturas es que las autoridades correspondientes no obliguen o sugieran a las entidades financieras a llegar a un acuerdo o realicen una labor de mediación masiva con los miles de perjudicados en lugar de obligarles a acudir a los Tribunales.

JUAN MANUEL AVILA DE ENCIO

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