Todas las asociaciones representativas del Cuerpo Superior jurídico de Letrados de la Administración de Justicia, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión progresista de Letrados (UPSJ), el Sindicato de Letrados (SISEJ) y la Asociación independiente de letrados (AINSEJU), han constituido la Coordinadora de asociaciones del cuerpo, con el fin de promover acciones conjuntas sobre propuestas unitarias y consensuadas de mejora que contribuyan a la modernización de la Administración de Justicia en todos los órdenes, procesal, organizativo y tecnológico, como servicio público básico y esencial de la ciudadanía, junto a las necesarias medidas que exige ese objetivo, de modernización estatutaria y profesional del Cuerpo al que representan y la actualización de su régimen salarial y de derechos profesionales.
Conscientes de que la Justicia de nuestro País se conforma como un servicio público esencial para la solidez del Estado social y democrático de Derecho, como marco del ejercicio de los derechos de la ciudadanía; una Justicia que es motor del progreso social y económico de nuestra sociedad, en un entorno de seguridad jurídica para las personas, que precisa una organización eficaz, eficiente, moderna tecnológicamente, trasparente y accesible; y sensibles a las necesidades del justiciable, como individuos y como colectivos, entidades, organizaciones e instituciones; en el entendimiento de que la posición nuclear y esencial del Cuerpo superior jurídico de Letrados de la Administración de Justicia, como personal Directivo de las oficinas judiciales, directores del proceso judicial, elemento decisor de muchos procesos, responsables de la debida ejecución de resoluciones judiciales, garantes de los derechos como se está poniendo de manifiesto muy especialmente en las entradas y registro a las que como fedatario público asistimos, y en definitiva, por nuestra condición de personal jurídico especializado y pieza clave en la modernización tecnológica de la Justicia, consideramos que nuestra posición central en la organización nos hace interlocutor ineludible para cualquier proceso de modernización, y para el que solo desde el consenso y la acción unitaria podremos contribuir para garantizar el éxito de cualquier reforma. Un éxito inalcanzable sin la escucha activa del gestor público y la consideración debida a la opinión que, desde nuestra experta visión de los problemas, podemos ofrecer.
Para ello desde la Coordinadora recién constituida, trabajaremos en la oferta al gestor político de cuanto consideremos preciso para el desarrollo de los proyectos de modernización de la Justicia en todos los órdenes y siempre orientado a las personas, exigiendo esa escucha activa para alcanzar los debidos acuerdos que demanda una lógica esencial en garantía del éxito de los proyectos en marcha y los que estén por diseñar y propongamos. Trabajaremos por el conocimiento y el reconocimiento social de nuestro Cuerpo Superior jurídico, derivado de la esencialidad de nuestra posición y funciones. Y trabajaremos por las mejoras estatutarias que adapten nuestro Cuerpo al fin para el que está llamado, garantice nuestros derechos y carrera profesional. Mención específica merece el debido reconocimiento económico y estructural salarial, ahora y desde las reformas de 2009, minorados con respecto las funciones que ejercemos, que urge defender por justicia. En definitiva trabajaremos para que nos ubiquen en la posición, que como Cuerpo del Estado, demandan los principios legales de nuestra actuación y que reconoce la Ley orgánica del Poder Judicial, de autonomía, independencia en todos los órdenes, legalidad e imparcialidad.
