Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) queremos transmitir las siguientes manifestaciones ante la opinión pública sobre el contenido de las declaraciones realizadas por la actual Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, en las que afirma “sospechar” la existencia de causas que la fiscalía no podrá revisar en plazo, culpando de ello a los letrados de la administración de justicia.
- Valoramos que las declaraciones de la actual Fiscal General del Estado han sido realizadas desde una perspectiva estrictamente corporativista, alejada del interés público, inapropiada de la institución a la que representa, cuya misión constitucional es precisamente velar por ese interés y por el cumplimiento de la legalidad.
- Rechazamos además dichas declaraciones por ser un intento de desplazar una eventual responsabilidad por el sugerido incumplimiento de los plazos legales de revisión de causas penales hacia el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, a escasos días de la finalización del plazo.
- Recordamos que la revisión se trata de una tarea encomendada legalmente a la fiscalía, y que la hipotética responsabilidad por el incumplimiento de plazos legales para la revisión de causas corresponde en primer lugar a la mayoría legislativa que aprobó una reforma cuyas consecuencias ya advertimos desde organizaciones profesionales y operadores jurídicos. Así mismo, señalamos la responsabilidad institucional del Ministerio de Justicia en funciones y la falta de una adecuada gestión y previsión desde que entró en vigor la reforma.
- Consideramos inaceptables e inadecuadas para la institución del Fiscal General del Estado, las acusaciones públicas veladas, genéricas, directas, de carácter fuertemente corporativo, basadas en conjeturas o sospechas, contra un número absolutamente indeterminado de Letrados de la Administración de Justicia, realizadas sin ninguna base objetiva.
- Finalmente, como consecuencia de todo ello, desde nuestro compromiso con la legalidad, con el interés público y el respeto a las instituciones democráticas, cuestionamos públicamente la idoneidad para el cargo de la actual Fiscal General del Estado, cuya dimisión le solicitamos.
